La PGJEH obtuvo la vinculación a proceso tras comprobar que el imputado no contaba con cédula profesional al emitir un documento legal

Autoridades informaron que el que fuera notario no contaba con cédula vigente en 2020 | Foto: Especial
Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) obtuvieron la vinculación a proceso de O. E. S. H., quien fuera notario público de Tizayuca, por su presunta responsabilidad en el delito de usurpación de profesiones.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el exfuncionario habría emitido un documento el 26 de noviembre de 2020, ostentándose como licenciado en Derecho, sin contar en ese momento con la cédula profesional correspondiente, expedida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), indispensable para ejercer cualquier profesión.
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La PGJEH informó que se recabaron datos de prueba que demuestran que O. E. S. H. obtuvo su cédula profesional hasta el 11 de enero de 2022. Por ello, al momento de emitir la escritura señalada, no se encontraba legalmente autorizado para ejercer como abogado ni como notario.

A partir de esta situación, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada el pasado 25 de julio en el penal de Tizayuca. El imputado ya estaba en reclusión derivado de una detención previa efectuada el 12 de julio en Zona Plateada de Pachuca, en cumplimiento de una orden judicial emitida por la causa penal 292/2024.
En esa carpeta, el notario está relacionado con un presunto caso de fraude procesal cometido el 22 de octubre de 2021. Según la acusación, el notario habría simulado un acto jurídico al redactar una escritura notarial para ratificar un convenio entre una persona moral y una persona física.
Durante la audiencia inicial por el delito de usurpación de profesiones, el imputado se acogió al plazo constitucional de 144 horas. La continuación de la audiencia tuvo lugar el 30 de julio de 2025, cuando se resolvió su situación jurídica con la vinculación a proceso.
La autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. La PGJEH continuará con la integración del expediente para sustentar la acusación ante el Poder Judicial.
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