El presunto responsable fue vinculado a proceso por homicidio calificado, robo y robo calificado tras los hechos registrados en El Saucillo

La investigación señala que la víctima pretendía vender una camioneta Ford F-150 cuando ocurrió el ataque en Mineral de la Reforma
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que un juez de control vinculó a proceso a un hombre identificado con las iniciales S. H. J., quien es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, robo y robo calificado, por hechos ocurridos el pasado 7 de julio en la localidad de El Saucillo, municipio de Mineral de la Reforma.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado habría acudido a reunirse con la víctima bajo el pretexto de comprar una camioneta Ford F-150 que estaba en venta. Durante el encuentro, presuntamente privó de la vida al propietario de la unidad para posteriormente apoderarse del vehículo y escapar del lugar.
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La PGJEH indicó que, como parte de las investigaciones, se dio seguimiento al recorrido de la camioneta mediante el sistema de videovigilancia del C5i, lo que permitió implementar un operativo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y la Guardia Nacional.
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Según la información oficial, durante la persecución el presunto responsable abandonó la camioneta robada y posteriormente se apoderó de una patrulla de la Guardia Nacional para continuar su huida.
Horas más tarde fue localizado y detenido en una comunidad del municipio de Zempoala, donde quedó a disposición del Ministerio Público.
La audiencia inicial se realizó el 10 de julio, cuando el imputado solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se resolviera su situación jurídica.
En la continuación de la audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados durante la investigación, con los cuales el juez de control determinó vincular a proceso al presunto responsable.
Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa, además de fijar un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la autoridad continuará con la integración de la carpeta de investigación.
La PGJEH precisó que el proceso penal continuará conforme a derecho y que será la autoridad judicial la encargada de determinar la responsabilidad del imputado una vez que concluya el procedimiento correspondiente.