La Colectiva de Mujeres contra la Violencia emitió un comunicado en el que informó las razones por las que el exprocurador de justicia Ramiro Lara Salinas no es el perfil idóneo para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).
El escrito detalla que, si el visitador general llegara a presidir el órgano autónomo, podría incurrir en un conflicto de intereses al atender una recomendación de la CNDH por un caso de tortura que se dio en la fiscalía cuando Lara Salinas fue titular.
El grupo recordó que el 3 de agosto de 2020 el organismo nacional emitió una recomendación al entonces ombudsman Alejandro Habib Nicolás por un recurso de impugnación presentado por tres personas, entre ellas un adolescente, que fueron detenidas por secuestro, y acusaron que fueron víctimas de tortura por parte de agentes investigadores.
“La comisión nacional informó que la estatal dio por concluida la queja sin una investigación exhaustiva, la sustentó en una serie de contradicciones entre las declaraciones rendidas en la causa penal y no se tomó en cuenta el Protocolo de Estambul, practicado por especialistas adscritos al Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, cuyos resultados fueron positivos y compatibles para personas que fueron víctimas de tortura”, detalla el escrito del colectivo.
Dicha situación ocurrió durante la administración de Lara Salinas en la procuraduría, quien el 14 de diciembre de 2016 alegó que no podía aplicar el protocolo por falta de peritos especializados en la materia, por lo que el 6 de abril de 2017 el juez primero penal del distrito judicial de Tula solicitó a la CDHEH investigar los hechos.
La nueva indagatoria del caso le correspondería al nuevo ombudsperson, es decir, a Ramiro Lara, quien, si bien no es responsable de la tortura, sí lo es de las omisiones graves en la atención a este caso.
Están detenidos
- Las personas que impugnaron y lograron que la CNDH ordenara a la CDHEH que se reabra la investigación de su queja por tortura están detenidas desde 2013
- La colectiva hizo un llamado al Congreso local para que realice modificaciones a la Ley Estatal de Derechos Humanos, a fin de establecer que funcionarios de la procuraduría y Seguridad estarán impedidos para trabajar en cualquier puesto dentro del organismo autónomo por lo menos seis años posteriores a su gestión
Adela Garmez l Pachuca
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