El titular de la Secretaría de Contraloría del gobierno de Hidalgo, Álvaro Martín Bardales Ramírez, publicó un oficio en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), mediante el cual dio a conocer la cancelación del registro en el padrón de proveedores de la administración pública del estado a 49 empresas y personas físicas.

Derivado de este documento, las dependencias y entidades de la administración estatal, así como organismos autónomos y ayuntamientos, deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con las firmas mencionadas por un periodo de cinco años.

Dentro de los bloqueados para hacer ventas con organismos de recursos públicos se encuentran Comercializadora Lozada SA de CV, quien en 2016 firmó contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), delegación Hidalgo, por 224 mil 136 pesos por venta de insumos y obtuvo una licitación para realizar la perforación de un pozo para extracción de agua subterránea en Cardonal por un millón 531 mil 991 pesos.

Grupo Comercializador Celiv brindó un servicio de 651 mil 784 pesos, en 2018, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) por accesorios de laboratorio; vendió bienes informáticos, en 2019, por 530 mil 479 pesos; material de limpieza, en 2020, por 189 mil 924 pesos, y arrendó al Congreso de Hidalgo mobiliario para comparecencias de secretarios, en 2021.

En tanto, se encuentra Desarrollo G57, el cual dio mobiliario a la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) por 28 mil 488 pesos, en 2017; Soluciones Educativas Hernav obtuvo la licitación para dar equipamiento especializado para un laboratorio en el Instituto Tecnológico de Pachuca por un millón 989 mil 642 pesos, en 2020, así como Comercializadora Caprijaga, que recibió un millón 999 mil 600 pesos por venta de lechones, sementales y vientres ovinos a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh), en 2017.

A la vez, se encuentra la empresa Esco, encargada de colocar el sistema de votación electrónico en el Congreso por un millón 800 mil pesos, en 2020, y que hasta la fecha no ha operado, o la firma OBLK, que dio impresión de lonas y trípticos tamaño tabloide para la Secretaría de Cultura, en la administración anterior.

Dentro de las personas físicas destacan José Gustavo Balcázar Vera, quien vendió una licencia al Cobaeh para administrar los servicios del Equipo Fortinet por 40 mil 550 pesos; Mayra Gallegos Garza, quien cobró 26 mil 682 pesos por material de limpieza al Poder Judicial del Estado de Hidalgo, y Maritza Sánchez Hernández, quien vendió tres martillos demoledores con potencia de dos mil watts por 103 mil 122 pesos.

Esta suspensión en total engloba a 38 personas morales y 11 personas físicas.

Irving Cruz | Pachuca