La diputada Lisset Marcelino Tovar presentó una iniciativa en el Congreso de Hidalgo que tiene la finalidad de incrementar los castigos a las personas que cometan el delito de feminicidio, hasta con 60 años de prisión y mil días multa, además de sanciones a servidores públicos que entorpezcan la investigación en la materia.
Actualmente, la legislación establece que a quien cometa el delito por razones de género se le impondrá una pena de entre 25 a 50 años de prisión y de 300 a 500 día multa, mientras que con la modificación el castigo iría desde los 40 a 60 años de cárcel y de 500 a mil días multa.
En tanto, la legisladora morenista explicó que también se contempla una adición de un párrafo para que, en los casos en que se compruebe que un funcionario público retardó o entorpeció maliciosamente o por negligencia la procuración de justicia, se le impondrá una pena de prisión de entre tres y ocho años, y una multa de 500 a mil 500 días multa, así como ser destituido e inhabilitado para el ejercicio público como mínimo tres años y como máximo 10.
También se propone que la persona que cometa feminicidio pierda todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y familiar, así como la pérdida de patria potestad.
Irving Cruz | Pachuca
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La Fiscalía Especializada para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Tortura en Hidalgo tiene un registro de mil 550 denuncias por ese delito, algunas de las cuales datan de hace más de 20 años, indicó el titular de la dependencia Javier Baños Morales.
El funcionario informó que, en lo que lleva en el cargo, mes y medio, aproximadamente se han iniciado 15 querellas, principalmente contra elementos de corporaciones policiacas, así como custodios de centros penitenciarios.
Estimó que de las carpetas de investigación registradas por del delito de tortura, 90 por ciento corresponde a personas que están ilocalizables, además de que en muchos de los casos proporcionan nombres falsos.
