A un año del crimen en La Loma: de la capilla del Angelito Negro al juicio por dos agentes asesinados

A un año del ataque que conmocionó a Pachuca, el caso de los dos agentes de investigación asesinados en la colonia La Loma está por entrar a una de sus etapas más importantes: el juicio contra los presuntos responsables.

Lo que comenzó como una diligencia para entregar una medida de protección a favor de una mujer, terminó en uno de los crímenes más crudos del año pasado en Hidalgo, pues dejó como saldo dos policías privados de la libertad y golpeados hasta morir, una capilla asegurada, cuatro imputados en prisión, uno más prófugo de la justicia y una indagatoria que también abrió señalamientos contra mandos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

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El hecho ocurrió la tarde del sábado 5 de julio de 2025, cuando Vicente Monroy Ballesteros, de 60 años, y Paulino Castañeda Aguilar, de 53, ambos agentes de la Policía de Investigación adscritos al Centro de Justicia para Mujeres de la PGJEH, acudieron a la colonia La Loma, al poniente de Pachuca, para cumplir con una notificación.

La diligencia los llevó hasta un inmueble ubicado sobre la calle Rayo de Luz, identificado como la capilla del Angelito Negro, un sitio con portón negro, fachada llamativa y el número 666 marcado al frente, que después quedaría asegurado por las autoridades.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los dos elementos fueron privados de la libertad y agredidos por personas que se encontraban en el lugar.

Las lesiones fueron tan graves que ambos perdieron la vida, por lo que el caso dejó de ser una diligencia más y se convirtió en una de las agresiones más fuertes contra policías investigadores en Hidalgo.

El inmueble también se volvió parte central de la historia, ya que días después del ataque, el alcalde de Pachuca, Jorge Reyes Hernández, señaló que ese tipo de espacios funcionan de manera clandestina, pues no existía un giro municipal específico para centros de culto de esa naturaleza.

También afirmó que, hasta ese momento, no había denuncias vecinales en la actual administración y aseguró que la capilla no volvería a abrir.

El lugar tenía como figura principal al llamado Ángel Negro; incluso, posteriormente se dio a conocer que Óscar el Perro Pelcastre Almanza había registrado ante el Indautor la figura conocida como Ángel Negro el 19 de agosto de 2022, con el expediente 03-2022-081913062800-14.

Cuatro, los imputados por el caso ocurrido en La Loma

Tras los hechos, las autoridades detuvieron a varias personas; sin embargo, el proceso judicial se concentró principalmente en cuatro imputados: Víctor, Alan, Miriam y Rafael, señalados por su presunta participación en la agresión contra los dos agentes en La Loma.

El martes 8 de julio de 2025, los cuatro fueron llevados a los juzgados penales de Pachuca.

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La audiencia fue privada, pero afuera de la sala seis quedó una de las imágenes más recordadas del caso: los tres hombres ingresaron encadenados y escoltados por policías procesales; detrás de ellos caminó la mujer, esposada de manos y pies. Cada uno llegó con defensa, algunos con abogados particulares y otros de oficio.

En esa audiencia, los imputados fueron señalados por secuestro agravado, narcomenudeo en su hipótesis de posesión con fines de suministro y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

La audiencia no concluyó ese día porque los acusados se apegaron al plazo constitucional, por lo que su situación legal se resolvería días después.

Fue hasta el domingo 13 de julio de 2025 cuando la jueza Karina Vértiz Marín vinculó a proceso a los cuatro imputados.

Además, les impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que desde entonces permanecen recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, mientras avanza el proceso penal.

Uno de los puntos más importantes del expediente fue la ruta jurídica elegida por la PGJEH, debido a que, aunque el caso dejó dos policías muertos, la acusación principal no se presentó como homicidio simple o calificado, sino como secuestro agravado.

La razón fue que, de acuerdo con las indagatorias, los agentes fueron privados de la libertad antes de ser asesinados; por ello, la muerte de ambos fue integrada como agravante del secuestro, una figura que puede alcanzar una pena más alta.

Mientras que la pena por un homicidio calificado puede llegar hasta 60 años de prisión, el secuestro agravado con muerte de la víctima contempla sanciones de 50 a 70 años, e incluso más si se suman agravantes, como que las víctimas eran servidores públicos.

Familiares de los agentes asesinados en La Loma piden justicia

El caso ocurrido en La Loma, en Pachuca, también abrió otro frente debido a las posibles omisiones internas, pues familiares de los agentes pidieron revisar si los mandos superiores actuaron correctamente o si hubo fallas antes, durante o después de la diligencia.

Días después, el nombre de Patricia Moya, entonces comandante y jefa directa de los agentes, quedó en medio de los reclamos familiares.

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Las viudas de Vicente Monroy Ballesteros y Paulino Castañeda acusaron que la funcionaria no actuó a tiempo y pidieron que no fuera reinstalada en ningún cargo dentro de la PGJEH.

Según lo informado después de una reunión con el encargado del despacho de la Procuraduría, Francisco Fernández Hasbun, se les prometió que no volvería a su puesto.

Ahora, a un año de los hechos en La Loma, el expediente se aproxima a la etapa de juicio y será entonces cuando ya no solo se revisará la detención o la vinculación inicial, sino que el Ministerio Público tendrá que sostener ante un tribunal su acusación y probar cómo ocurrió la privación de la libertad, qué participación habría tenido cada imputado y de qué manera se consumó la muerte de los dos agentes.

Para las familias, el juicio representa la posibilidad de obtener una sentencia después de un año de audiencias, reclamos y espera.

Para la PGJEH, será la prueba más importante de un caso que no solo exhibió la violencia contra dos de sus propios elementos, sino también dudas sobre la forma en que fueron enviados y el equipo con el que tuvieron que cumplir una diligencia de alto riesgo.

Aquel 5 de julio, Vicente y Paulino salieron a cumplir una orden de protección; un año después, sus nombres siguen ligados a una exigencia que no ha cambiado: que el crimen de La Loma no quede impune.

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