La Fiscalía General de la República (FGR) pidió una pena de 82 años de prisión para Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
A través de un escrito de acusación presentado por la Unidad de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, la FGR pidió además 20 mil días de multa al exprocurador, por el proceso iniciado en su contra por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.
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Javier López, abogado del exfuncionario, confirmó a Animal Político la solicitud de la FGR contra su defendido, por lo que ya prepara una respuesta.
De manera desagregada, la FGR pidió al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, lugar donde el exprocurador se mantiene desde agosto del año pasado, la pena de 60 años de cárcel por desaparición forzada, 12 años por tortura y 10 años por delitos contra la administración de la justicia.
La diferencia entre la acusación original y esta nueva es que en el pasado la fiscalía solicitó que Murillo Karam fuera procesado por el delito de desaparición forzada conforme al Código Penal Federal que estaba vigente al momento de los hechos, que establecía una pena de 40 años por este delito.
Sin embargo, en esta ocasión la FGR pidió sancionar al exfuncionario conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que establece una pena de 60 años.
Luego de la desaparición de los normalistas, el entonces presidente Enrique Peña Nieto encargó a Murillo Karam las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, junto a Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien permanece profugo en Israel ante las acusaciones en su contra por tortura de testigos.
En enero de 2015, el exprocurador ofreció una conferencia en la que, por primera vez, habló de la llamada “verdad histórica” sobre los hechos, basada principalmente en las declaraciones de presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, señalado por la desaparición de los estudiantes.
El exprocurador aseguró que los estudiantes fueron detenidos por policías municipales de Cocula para después ser entregados al grupo criminal, presuntamente liderado por el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos en prisión por este caso pero en días pasados absueltos de su responsabilidad.
A raíz de esto, según Murillo Karam, los normalistas fueron privados de la libertad, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula para posteriormente ser arrojados al Río San Juan.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, dijo.
Derivado de lo anterior, a casi ocho años de lo ocurrido, un juez de control del Reclusorio Norte emitió una orden de aprehensión contra Murillo Karam, debido a sus declaraciones en diversas conferencias de prensa y por ser el máximo responsable de la investigación. Desde agosto pasado, el exfuncionario está detenido mientras avanza el proceso en su contra.
La vinculación ocurrió pese a que la defensa pidió al juez desestimar los 177 datos de prueba que presentó la FGR para imputarlo y considerar que el estado de salud del exfuncionario no era conveniente para dejarlo en prisión.
El juez Marco Antonio Fuerte le impuso la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga y para evitar el “riesgo procesal” de que quiera incidir de alguna manera en la investigación que se sigue actualmente.
En abril pasado, se dio a conocer un segundo proceso penal abierto contra Murillo Karam por presuntas torturas en contra de Felipe “N”, ‘el Cepillo’, presunto integrante de Guerreros Unidos implicado en la desaparición forzada de los normalistas.
Con información de Animal Político
