El ayuntamiento de Pachuca embargará los bienes de Comuni Park SA de CV debido a que la empresa concesionaria de los parquímetros en Pachuca incumplió con el pago de la pena convencional de 216 millones de pesos por la cancelación del contrato, así como los 4 millones 253 mil 307 por concepto de depósitos indebidos transferidos por administraciones pasadas.
De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por la alcaldía, si los artículos de Moviparq ubicados en la ciudad no son suficientes para liquidar los montos, buscarán “líneas de colaboración” con otros municipios en los que “tenga negocios”, a fin de que aseguren sus ingresos y los envíen a la capital del estado hasta saldar la deuda.
Asimismo, el documento señala que el ayuntamiento continúa con el análisis de las acciones legales, penales y administrativas que, en coordinación con la síndica jurídica, se interpondrán contra la compañía concesionaria.
El 28 de enero pasado, el Cabildo capitalino aprobó comenzar una investigación contra Comuni Park por posibles irregularidades. Posteriormente, el 13 de febrero, las oficinas de la empresa fueron clausuradas debido a que su licencia de funcionamiento llevaba tres años vencida, además de que no contaba con permisos de uso de suelo, construcción de las planchas para los aparatos y modificación de banquetas, entre otras anomalías.
El 12 de marzo, la Asamblea de Pachuca autorizó que la síndica jurídica Liliana Mera Curiel y el representante legal, Hugo Armando Vázquez, empezaran acciones legales contra la firma.
El 18 del mismo mes, algún vocero de la empresa debía comparecer ante el Comité de Concesiones del área de Servicios Públicos municipal, pero nadie acudió a la reunión, por lo que la alcaldía anunció el 5 de abril que rescindiría el contrato. Por esto, Comuni Park tenía que pagar la pena convencional el 12 de abril, lo que no sucedió.
FIRMA EN SILENCIO
Desde el inicio del procedimiento en su contra, la empresa no se ha pronunciado al respecto, aunque tramitó un juicio de amparo luego de que sus oficinas fueran clausuradas; sin embargo, no procedió debido a que la instancia correspondiente era el Tribunal de Justicia Administrativa
Adela Garmez I Pachuca
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