Una nueva Ley General del Agua nos puede salvar de un colapso
Por lo pronto, se dan salida en el Legislativo de todas las iniciativas urgentes que enderezarán la nave de México y la enfilarán por mejores rutas, llámese Poder Judicial, organismos autónomos y reformas constitucionales emergentes. El tema del agua está ahí, presente, listo para dar la cara. En Hidalgo haremos lo que nos corresponda hacer
Porque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está diseñada para promover el acaparamiento, el desperdicio, la sobreexplotación, la privatización del vital líquido y de generar oportunidades de negocio mediante la mercantilización de este recurso es que los ciudadanos padecemos de suministro y escasez, pues nunca fue objetivo primordial el pueblo desde su creación a partir de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con sus respectivas modificaciones intrascendentes. Al ciudadano lo dejaron al final de la fila.
Arrastramos desatención en este tema desde esos tiempos, pues únicamente se han puesto parches en donde se requiere cambiar toda la pieza, válgase la analogía, pues para resolver con más claridad y eficiencia el abasto del vital líquido a los hogares mexicanos, y en lo que toca a Hidalgo, por supuesto, debe rehacerse la Conagua, por lo pronto en su articulado de funcionamiento y alcances, pues aunque la Ley de Aguas Nacionales está más alineada con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en privilegiar el derecho humano al agua para todos, resulta que la Conagua está atada de manos para poder defender este precepto y en su histórico registra atención para sectores privilegiados, poderosos, industriales abusivos y demás, que la inmoviliza. Necesitamos una Conagua nueva, legislada.
De los reclamos, los directivos de la Conagua que han pasado por ahí durante los últimos 28 años, se ríen a carcajada abierta, pues, al principio de su operación, quizá la buena intención que los rodeaba y la novedad del organismo hicieron que se buscaran ángulos y recovecos de la ley para beneficiar a los ciudadanos demandantes de abastecimiento del líquido en sus casas, pero rápidamente olvidaron esta posibilidad porque los soportes legales no lo permitían, pero además las políticas públicas del momento estaban orientadas a apapachar a los poderosos del dinero y a los nuevos fabricantes de empresarios.
Así como estamos, la Conagua no puede ofrecer ninguna respuesta a la escasez hídrica, pues su inoperancia es agravada por la presencia aún de funcionarios en activo heredados y con mentalidad atrasada, que no han querido actualizarse y comprometerse con los designios presentes. Hace falta una sacudidita, sin lugar a dudas.
Datos contundentes señalan que desde hace 28 años de la creación de la Conagua se han hecho intentos de hacerla funcionar, y el gobierno actual de la 4T ha querido sanearla, pero la realidad muestra otra cosa y las concesiones de acuíferos pasaron de 2 mil a más de 514 mil, un incremento de 25 mil por ciento. Esta abrumadora cifra se refleja en la existencia de poblaciones enteras donde no se surte el líquido o se entrega de manera esporádica y en pésimas condiciones porque es controlado en su totalidad por refresqueras, mineras, agroindustrias, plantas manufactureras, cadenas hoteleras y los más irracionales de los usuarios imaginables: campos de golf donde el disfrute de los millonarios es la carencia de
los desfavorecidos.
Urge una nueva Ley de Aguas Nacionales también, pues la actual, aunque más alineada a la Carta Magna, en su articulado se queda a merced de la tecnocracia que convierte el agua en propiedad de particulares y la desidia o la complicidad con los concesionarios hacen que el organismo operador (Conagua) pierda casi todos los juicios que se entablan cuando se detectan flagrantes abusos o se intenta recuperar para el bien público un recurso que no puede ser sino del conjunto de la nación.
Existe por ahí un proyecto denominado Ley General de Aguas presentado en la Cámara de Senadores en 2021, que podría retomarse o revivir por la actual Legislatura, o bien, redactar un nuevo texto que sustituya a la LAN, es tanto una obligación moral y legal como un asunto de supervivencia, pues queda claro que la legislación vigente hundirá al país en una crisis hídrica que inevitablemente se traducirá en brotes de descontento.
El pueblo, enterado de estas desproporciones cuando se trata del reparto del agua de entre los demandantes con derecho, seguramente luchará por abandonar el último lugar de la fila, como decíamos, pues sus derechos tienen la misma importancia que el de los demás, incluso, si me apuran, debería aparecer el pueblo en el primer lugar del reparto, donde le coloquen la primera llave del caudal, atrás todas las demás, incluyendo la agricultura, que por otra parte debería utilizar aguas tratadas para riego, y no, como ocurre en la actualidad, que atrapa gran cantidad de agua dulce potable.
La sequía y los fenómenos meteorológicos fuera del control humano no pueden usarse como pretexto para la inacción. Por el contrario, remarcan la urgencia de actuar en lo que está al alcance de ciudadanos y autoridades: es imperativo frenar de inmediato todo uso de agua potable en la industria, cuyos procesos pueden y deben realizarse con líquido tratado; revisar y retirar todas las concesiones otorgadas a políticos, sus familiares y prestanombres; regular con fuerza a la minería contaminante y, en general, atajar toda forma de abuso y desperdicio. Sin estas medidas en el corto plazo y un programa de manejo integral del agua, la única perspectiva es la del colapso.
Entiendo, y lo reconozco públicamente, que la solución a este tema del agua y su probable expedición de una nueva Ley del Agua, como quiera que se denomine, está en el radar de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo ha mencionado, de pasadita, cuando aborda otros temas del sector, pero que seguramente se ha reservado porque merecería un trato especial, un protocolo propio, de impacto nacional, con la presencia de todos los involucrados.
Por lo pronto, se dan salida en el Legislativo de todas las iniciativas urgentes que enderezarán la nave de México y la enfilarán por mejores rutas, llámese Poder Judicial, organismos autónomos y reformas constitucionales emergentes. El tema del agua está ahí, presente, listo para dar la cara. En Hidalgo haremos lo que nos corresponda hacer. En próximas entregas, abordaremos el tema de la Caasim, por demás interesante, donde las tropelías de que ha sido objeto le adicionan un ingrediente picosito.
