Un plan de inversión que no puede fallar

Señalé ayer en este espacio que el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, presentado el martes pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, no puede fallar porque el margen fiscal es mínimo, es decir, porque al gobierno le queda muy poco espacio para gastar más sin endeudarse, subir impuestos o recortar otros gastos. No es una advertencia vacía, porque el reporte de Finanzas Públicas y Deuda Pública para el periodo enero-diciembre de 2025, difundido por Hacienda el 30 de enero, lo confirma con datos duros: el déficit fue mayor al prometido y el margen para nuevos compromisos es nulo. Ese es el contexto real en el que debe evaluarse el plan. Con las finanzas públicas como están, la inversión puede impulsar el crecimiento, pero solo si se ejecuta con orden y disciplina reales.

Todo se entiende con números: en 2025 el gobierno prometió un déficit fiscal de 3.9 por ciento del PIB y terminó en 4.8 por ciento. No es una desviación menor. Por otro lado, el costo financiero aumentó 9.8 por ciento real y Pemex volvió a absorber recursos públicos. Solo en diciembre pasado se destinaron 193 mil millones de pesos para pagarle a proveedores. Con ese antecedente, la promesa de bajar el déficit a 3.0 por ciento en 2026 convive con un anuncio de inversión por 1.672 billones de pesos y obliga a tomar muy en serio el control del gasto. No se trata de tener voluntad política, sino de capacidad financiera.

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El gobierno proyecta una inversión total de 4.4 por ciento del PIB en 2026, equivalente a 1.672 billones de pesos. De ese total, 1.9 por ciento del PIB no pasaría por el presupuesto y se ejecutaría mediante esquemas mixtos. Eso puede ayudar si se hace bien y, para que funcione, el gobierno debe explicar lo básico: quién pone el dinero, quién se queda con los ingresos si los proyectos funcionan y quién paga si no funcionan. En números, eso implica comprometer 720 mil millones de pesos fuera del presupuesto, una cantidad que exige reglas públicas y responsabilidad explícita.

El 2025 deja otra lección que no conviene repetir. Para intentar contener el déficit, la inversión pública se recortó de manera drástica y cayó 28.4 por ciento en términos reales. Eso permitió ganar tiempo, pero es una estrategia incompatible con un plan que busca ampliar la infraestructura. Si el gasto corriente y los pasivos no se contienen, la inversión volverá a ser la variable de ajuste, como ya ocurrió el año pasado.

En 2025 la deuda pública subió al 53.6 por ciento del PIB, desde el 52.4 por ciento de 2024. No es un aumento alarmante, pero sí una señal clara de que ya no hay margen para cometer más errores. Con un margen fiscal tan estrecho, cada decisión cuenta y cada peso gastado debe tener una justificación explícita y verificable.

El Plan de Inversión en Infraestructura puede impulsar el crecimiento, pero solo bajo condiciones estrictas: disciplina efectiva y eficiencia en el gasto, transparencia total en los proyectos de inversión mixta, una estrategia exitosa para reducir la presión permanente de Pemex sobre el presupuesto y un combate real a la corrupción para eliminarla o reducirla al mínimo posible.

Lo advertido ayer aquí sigue vigente: el Plan no puede fallar porque el margen fiscal es mínimo y no habrá forma de corregirlo después.

Versión ampliada en ruizhealy.substack.com.

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