Sólo para mejores

Estados Unidos fue uno de los primeros países en abrir espacios de representación política a grupos históricamente marginados. Durante décadas, el sistema electoral estadunidense permitió —y en algunos casos promovió— la llegada de personas afroamericanas, minorías raciales y, más recientemente, integrantes de la comunidad transgénero a cargos de elección popular. El objetivo era claro: evitar la exclusión y garantizar que esas comunidades tuvieran voz dentro de las instituciones.

Sin embargo, esa apertura nunca se tradujo en cargos “con dedicatoria”. No se crearon puestos reservados para una persona en específico ni se forzó a los partidos a postular candidatos bajo una consigna obligatoria de identidad. Barack Obama no llegó a la presidencia por ser afroamericano, sino porque ganó una elección. Su origen fue significativo, sí, pero no determinante por decreto.

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En Estados Unidos, ser demócrata o republicano no implica una obligación legal de postular mujeres, hombres o integrantes de un sector determinado para que, forzosamente, gobierne alguien con esas características. La democracia —nos guste o no— no funciona así. Los espacios están abiertos para hombres y mujeres dentro de los partidos, y es ahí donde, en teoría, deben empoderarse, competir y demostrar que son los mejores perfiles.

El problema surge cuando la representación deja de ser un principio y se convierte en una simulación. Cuando las leyes electorales ya no buscan equidad, sino beneficiar de manera directa y personalizada a alguien. Ahí la democracia empieza a torcerse.

Un ejemplo que vale la pena recordar es el de Gilberto Rincón Gallardo, un político y activista mexicano con discapacidad, profundamente comprometido con la democracia, los derechos humanos y la inclusión. En su momento, fue quizá la persona con discapacidad más visible y activo dentro de la política nacional. Y, sin embargo, nunca existió una iniciativa que obligara a los partidos a abrirle un espacio como candidato a una persona con discapacidad.

¿Por qué entonces no se impulsó una ley que garantizara la postulación de personas con discapacidad? ¿Por qué no se legisló cuando el perfil era genuino, legítimo y congruente con la lucha histórica por la inclusión? Tal vez porque esa ley habría tenido una dedicatoria demasiado evidente.

Hoy, en cambio, vemos figuras jurídicas que, aunque no se llamen así formalmente, funcionan como una auténtica Ley Esposa. Casos como el de Nuevo León o San Luis Potosí muestran cómo ciertas reglas parecen diseñadas para que la cónyuge del gobernante en turno compita con ventaja. No porque carezcan de méritos personales, sino porque compiten ya con una camisa puesta y una delantera asegurada.

No nos engañemos: si esas candidaturas se midieran en igualdad de condiciones, sin el peso del apellido, del cargo previo o de la estructura heredada, el escenario sería muy distinto.

Como ciudadano, me gustaría ver funcionar una verdadera Ley Esposa, pero no para garantizar la continuidad del cónyuge en el poder, sino para esposar las muñecas de los malos gobiernos y llevarlos ante el Ministerio Público. Una ley que castigue la corrupción, la incompetencia y el abuso, no una que los perpetúe bajo otros nombres.

Por eso, más que leyes electorales que sean “solo para mujeres” tengan por dedicatoria “Solo para mejores”.

Es la última columna del año y aprovecho para desear mis mejores parabienes y prosperidad para el naciente 2026.

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