Rosarito, epicentro del nuevo escándalo morenista ligado a Los Mayos
Al final, las sanciones no son solo un castigo al narco. Son un recordatorio de que la política mexicana no vive aislada. Morena debe decidir entre limpiar su casa o resignarse a que desde el norte le sigan prendiendo los focos rojos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó ayer un nuevo golpe contra redes criminales mexicanas al sancionar a siete individuos y 15 empresas ligadas a Los Mayos del Cártel de Sinaloa. El golpe no solo exhibe tráfico de fentanilo, metanfetaminas y lavado de dinero en Playas de Rosarito, Baja California, también coloca en el centro del escándalo a Morena. Entre los sancionados está Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal y alcaldesa de Rosarito (octubre de 2019 a agosto de 2024), acusada de ser intermediaria del cártel, recolectando extorsiones y asegurando protección policial.
La lista incluye a Jesús González Lomelí, empresario que supuestamente lava millones mediante bares y restaurantes como el Bombay Beach Club; Juan José el Ruso Ponce Félix, líder de Los Mayos en Baja California; Candelario el Cande Arcega Aguirre, operador político de Brown Figueredo; Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez, miembros del cártel, y Carlos Alberto Páez Pereda, jefe de la pandilla Los Rugrats. Las empresas señaladas, casi todas en Rosarito, aparentemente sirven de fachadas. Y no es menor que la actual presidenta municipal, Alejandra Padilla Orozco, exdirectora de Gobierno y del DIF municipal en el gobierno de Brown, haya sido designada por esta cuando pidió licencia para ocupar la diputación federal.
Estas sanciones se suman al retiro de visas a la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda y a su esposo, Carlos Torres Torres. Aunque sin explicaciones oficiales, pueden deberse a presuntos nexos criminales o irregularidades financieras. Revocación de visas primero y sanciones después difícilmente parecen casualidad, sobre todo en un estado convertido en corredor clave del fentanilo y escenario de violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa de ayer, evitó mencionar el caso, prefiriendo hablar de la llegada a México desde Paraguay del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Merino. Ella suele exigir pruebas cuando de sanciones internacionales se trata. Callar en el caso de Brown despierta dudas: ¿está otorgándole protección política o calculando cómo medir los daños políticos?
Las repercusiones para Morena en Baja California son inmediatas. En un estado que gobierna desde 2019, estos escándalos erosionan su discurso de anticorrupción y transformación. La inseguridad y el retiro de su visa ya golpeó la aprobación de Ávila Olmeda, con una caída de 19 puntos desde abril pasado, de 69.4 por ciento a 50.2 por ciento en agosto, según la Encuesta Mx. En Rosarito, epicentro de las sanciones, la infiltración del cártel en el gobierno local anticipa crisis política y social.
El golpe no solo afecta a Morena en Baja California: pone en entredicho su credibilidad nacional. La presidenta Sheinbaum enfrenta un dilema: actuar con transparencia mediante investigaciones de la FGR y la UIF, o permitir que EU siga exhibiendo lo que su partido se niega a limpiar.
Al final, las sanciones no son solo un castigo al narco. Son un recordatorio de que la política mexicana no vive aislada. Morena debe decidir entre limpiar su casa o resignarse a que desde el norte le sigan prendiendo los focos rojos.
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