La decisión presidencial de reformar la ley de la industria eléctrica tiene un trasfondo similar al de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. La información que le hicieron llegar a Andrés Manuel López Obrador es que muchos políticos y exfuncionarios de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se beneficiaron de los contratos de generación privada a través de empresas fachada y de compañías establecidas que a su vez presionaron para que el mercado se abriera y quedara en manos de los privados.

Los datos revelados en la Cámara de Diputados por Santiago Nieto, titular de la UIF, respecto a la intención del gobernador Francisco Javier García de Vaca de participar en el negocio de generación de energía, son apenas la punta del iceberg de un gran entramado que involucra a exfuncionarios, gobernadores y empresas de talla internacional.

El primer paso fue la participación en proyectos de energía eólica de la firma Enerxiza Wind -vinculada con un presunto prestanombres del gobernador tamaulipeco, Baltazar Reséndez Cantú-, la cual participa en sociedad con la empresa española Acciona en la operación del Parque Eólico El Cortijo, luego de conseguir los permisos en la Subasta de Energía a Largo Plazo (SLP-1/2016) del gobierno de Peña Nieto.

Según el plan original, vendrían nuevos desarrollos en Tamaulipas, con el apoyo del gobierno estatal, y también en Puebla, donde el exsenador Roberto Gil Zuarth convenció al mandatario morenista Luis Miguel Barbosa de tomar parte también en este negocio, por lo que se constituyó la Agencia de Energía del Estado de Puebla.
En lo que respecta a los privados, el tono del presidente también subió el viernes, cuando López Obrador llamó descarados y sinvergüenzas a los dueños de empresas como Bimbo, Walmart y Femsa (dueña de Oxxo) por ampararse contra la ley.

Las tres empresas mencionadas tienen una relación más que agria con Andrés Manuel López Obrador. La familia Servitje, dueños de Bimbo, participan, además del sector eléctrico, en el de hidrocarburos. En noviembre del año pasado narramos en este espacio cómo al inicio de la actual administración, el director de la empresa, Daniel Servitje, junto con el accionista principal de Lala, Eduardo Tricio, se presentaron en Palacio Nacional para pedirle créditos de la banca de desarrollo para financiar la explotación de 20 pozos petroleros. Cuando el presidente se enteró de la solicitud estalló.

El caso de la animadversión con los regiomontanos de Femsa es conocido. AMLO y el presidente de la compañía, José Antonio el Diablo Fernández ha sido por demás mala. El empresario fue parte del grupo que buscó descarrilar la llegada a la presidencia de López Obrador en 2006 y 2018. El actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, fue por varios años CEO de Femsa, y si bien al inicio tuvo buena relación con el presidente, hoy de eso no queda nada.

Y finalmente el caso de Walmart, la principal cadena de autoservicio de México, cruza por el tema fiscal. Aquí también describimos la escena en la que un alto directivo de la empresa en México le mandó a decir a la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y al procurador fiscal, Carlos Romero, que de los más de 8 mil millones de impuestos que debían les ofrecían pagar 500 millones o se irían a juicio. Y también pusieron sobre la mesa pagarles con despensa. AMLO enfureció y los amenazó con proceder penalmente contra sus funcionarios.

La contrarreforma eléctrica es otro golpe en la mesa de AMLO por la ‘colusión’ política-empresarial.

Mario Maldonado