El problema no radica únicamente en la existencia de estas obras, sino en la manera en que han sido ejecutadas

Hoy quiero hablar sobre la “rehabilitación” de vialidades que se ha llevado a cabo durante la actual administración. Y es importante aclarar que esta reflexión no busca ser pesimista, sino crítica; una postura que forma parte del respeto y la dignidad que merece la ciudadanía al momento de analizar la realidad de lo que ocurre en nuestra ciudad.
Dar mantenimiento a las vialidades es correcto y necesario. Forma parte de las responsabilidades básicas de cualquier administración pública y, en gran medida, es también el resultado de los impuestos que la ciudadanía aporta constantemente. En ese sentido, se agradece que exista intervención; sin embargo, difícilmente puede considerarse un logro extraordinario o una acción que requiera una voluntad política excepcional. Más que una medalla política, es una obligación institucional.
El problema no radica únicamente en la existencia de estas obras, sino en la manera en que han sido ejecutadas: intervenciones costosas, con deficiencias organizativas y, sobre todo, con una visión de movilidad prácticamente inexistente. Su alcance no va mucho más allá de una renovación superficial de materiales y pavimentos. Se rehabilita la calle, pero no se transforma ni se mejora el sistema urbano que la rodea.
No existe una visión integral que atienda las problemáticas estructurales de movilidad e infraestructura que la ciudad enfrenta diariamente. Aspectos normativos, culturales, técnicos e incluso de calidad constructiva continúan siendo ignorados. Por ejemplo, muchas de estas intervenciones no consideran herramientas técnicas actuales y obligatorias como la NOM-004-SEDATU-2023, la cual establece criterios básicos para el diseño de calles y vialidades bajo los principios de la jerarquía de movilidad contemplados en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
A esto se suma otro problema fundamental: la infraestructura hidráulica y sanitaria. Los sistemas de drenaje y alcantarillado de muchas zonas de la ciudad son ya insuficientes y obsoletos frente a las condiciones climáticas actuales y al crecimiento urbano. Resulta contradictorio proyectar una rehabilitación vial sin contemplar simultáneamente el mejoramiento de esta infraestructura, especialmente cuando las lluvias continúan evidenciando las mismas fallas año tras año.
Por otro lado, la calidad tanto de los materiales como de la ejecución también deja mucho que desear. En diversas vialidades recientemente rehabilitadas ya comienzan a aparecer baches y deterioros prematuros, lo que inevitablemente genera cuestionamientos sobre la durabilidad real de las obras y el uso eficiente de los recursos públicos.
La movilidad no debería entenderse únicamente como pavimentar calles. Rehabilitar una vialidad implica repensar su funcionamiento, su seguridad, su accesibilidad y su capacidad de responder a las necesidades presentes y futuras de la ciudad. Mientras las intervenciones continúen limitándose a soluciones superficiales, las problemáticas estructurales seguirán apareciendo con cada temporada de lluvias y con cada nuevo ciclo de mantenimiento.
Callar frente a estas problemáticas solo contribuye a que continúen repitiéndose administración tras administración. Como ciudadanía, tenemos la responsabilidad de involucrarnos, cuestionar y exigir obras públicas mejor pensadas, transparentes y con verdadera visión de futuro. Porque una ciudad más digna no se construye únicamente desde el gobierno, también se construye desde una sociedad que decide no conformarse.
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