La infancia no necesita disculpas; necesita protección
La respuesta es incómoda. Seguimos reaccionando ante las tragedias en lugar de prevenirlas
En México pareciera que la protección de la infancia siempre llega tarde. Cada vez que se conoce un caso de abuso sexual contra una niña, un niño o un adolescente, la indignación colectiva se enciende con rapidez. Exigimos justicia, compartimos mensajes de apoyo y escuchamos a las autoridades prometer investigaciones exhaustivas. Pero cuando los reflectores se apagan, permanece la pregunta de fondo: ¿qué estamos haciendo para evitar que vuelva a ocurrir?
La respuesta es incómoda. Seguimos reaccionando ante las tragedias en lugar de prevenirlas. Actuamos cuando el daño ya está hecho y no cuando todavía es posible evitarlo.}
En agosto se cumple un año del acto de disculpa pública relacionado con el caso del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, en la Ciudad de México. Durante años, las familias afectadas lucharon para obtener justicia por los abusos sexuales cometidos contra niñas y niños dentro de un espacio que debía protegerlos. La sentencia contra el responsable fue histórica, al igual que el reconocimiento de la responsabilidad institucional. Sin embargo, una disculpa que llega años después de los hechos obliga a plantear una pregunta inevitable: ¿cuántas señales fueron ignoradas antes de que las autoridades actuaran?
La Secretaría de Educación Pública tiene la responsabilidad de garantizar entornos seguros para millones de estudiantes. No basta con impartir contenidos académicos; la escuela también debe ser un espacio de protección. En muchas escuelas los protocolos existen solamente en el papel. Hay docentes que desconocen cómo actuar ante una sospecha de abuso, directivos que no han recibido capacitación especializada y comunidades escolares que carecen de rutas claras para proteger a las víctimas.
Aquí aparece uno de los principales problemas: la falta de voluntad política. Porque proteger a la infancia exige mucho más que discursos institucionales cada vez que estalla una crisis mediática. Implica destinar recursos, capacitar permanentemente al personal educativo, fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar atención especializada para las víctimas. Significa asumir que los derechos de niñas, niños y adolescentes deben ocupar un lugar prioritario en la agenda pública.
En días recientes, durante conversaciones con personal que trabaja directamente en la atención de víctimas, escuché preocupaciones recurrentes: falta de espacios especializados, insuficiencia de servicios psicológicos, tiempos de espera prolongados y recursos limitados para atender a niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia sexual. La realidad es contundente: seguimos invirtiendo más en reparar daños que en evitarlos.
Al mismo tiempo, comienzan a surgir esfuerzos que merecen atención. Actualmente se trabaja en la conformación de un grupo nacional para el monitoreo de entornos escolares seguros, convocando a organizaciones de la sociedad civil, especialistas, académicos y personas comprometidas con la protección de la infancia para acompañar, observar y fortalecer las acciones encaminadas a garantizar espacios educativos libres de violencia.
La iniciativa es relevante porque reconoce una realidad que durante mucho tiempo hemos ignorado: la protección de la niñez no puede recaer exclusivamente en las instituciones gubernamentales. La experiencia de las organizaciones civiles, el trabajo de especialistas y la participación ciudadana son fundamentales para identificar riesgos, proponer mejoras y exigir resultados.
Sin embargo, el reto será evitar que este esfuerzo se convierta en un ejercicio meramente simbólico. Pero tampoco podemos trasladar toda la responsabilidad al Estado. Como sociedad tenemos obligaciones que durante demasiado tiempo hemos evitado asumir.
El abuso sexual infantil encuentra terreno fértil en el silencio, la indiferencia y el miedo. Por ello resulta indispensable aprender a identificar señales de alerta, denunciar cuando existan sospechas razonables, acompañar a las víctimas y creer en la palabra de niñas y niños cuando se atreven a hablar.
Las familias siguen siendo una de las principales líneas de protección. Hablar sobre el cuidado del cuerpo desde edades tempranas, enseñar límites, fomentar la autonomía y construir relaciones de confianza son herramientas poderosas de prevención. Un niño que sabe que será escuchado tiene más posibilidades de pedir ayuda
Proteger a la infancia es mucho más que una obligación legal o administrativa. Es una de las formas más poderosas de construir paz. Las niñas y los niños no necesitan discursos, campañas temporales ni disculpas tardías; necesitan escuelas seguras, instituciones responsables y adultos comprometidos con su bienestar.
La construcción de paz no es un proyecto para el futuro. Empieza hoy, en la forma en que decidimos proteger a nuestras niñas y nuestros niños.
Suscríbete a Criterio Hidalgo y conoce nuestros contenidos exclusivos https://suscripciones.criteriohidalgo.com/planes
