La ignominia que sangra en silencio
Esta semana que inicia comenzó con el recuerdo de siete años de una trágica explosión en Tlahuelilpan, el 18 de enero. Mientras tanto, Hidalgo se ha mantenido en el primer sitio en cuanto robo de hidrocarburo, según datos oficiales. Parece que de plano no entendemos.
Hidalgo, tierra de montes y barrancas, también lleva tatuada en sus calles la indiferencia hacia quienes no pueden alzar la voz. El maltrato animal, ese mal silencioso que algunos se niegan a ver como reflejo de nuestra propia degradación civil, sigue reproduciéndose en plena luz pública mientras las sanciones y las buenas intenciones cojean en los pasillos del poder.
¿Los códigos para qué sirven cuando la conciencia colectiva hace mutis? En Hidalgo, el Código Penal vigente tipifica el maltrato animal como delito dentro del capítulo III Ter Delitos contra la vida, integridad y dignidad de los animales. Quien dolosamente cause lesiones a un animal, doméstico o feral, enfrenta de seis meses a dos años de prisión y multa de 25 a 50 Unidades de Medida y Actualización, pena que se aumenta si las lesiones ponen en peligro la vida del animal. Cuando la agresión culmina en muerte, la sanción puede llegar de uno a cuatro años de cárcel con multas de hasta 200 UMA. La ley también agrava la pena si el acto ocurre frente a menores, si se graba para difusión, o si se cometen actos sexuales o métodos que prolonguen el sufrimiento. Asimismo, el maltrato está tipificado detalladamente en la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo, que contempla sanciones administrativas de amonestación, multa y hasta arresto.
Y, sin embargo, la narrativa jurídica choca con el espectáculo lamentable de nuestra realidad. Un recuento de al menos 22 casos de maltrato animal acontecidos durante 2025 y las primeras semanas de 2026 muestra que la violencia contra los animales no es un fenómeno aislado, sino una constante que se difunde sin pudor en redes sociales y transita de la pantalla al pavimento sin que muchas veces la justicia haga la mitad de su trabajo.
Recordemos a Popeye, aquel perro colgado de un árbol en Tulancingo el 2 de junio de 2025, cuyo intento de ahorcamiento quedó grabado y se hizo viral en redes sociales. La indignación de ciudadanos y activistas obligó a la intervención y hoy Popeye vive rehabilitado y adoptado, una militancia que encarna la resistencia a la crueldad. Ese caso, más que un simple rescate, fue un espejo donde muchos quisieron ver su propia inhumanidad.
Pero no fue el único. En Pachuca, tres perros fueron rescatados de un domicilio donde sufrían presunto maltrato, trasladados a atención veterinaria tras la difusión de un video y la acción contundente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. En Atitalaquia, el Güero, un perro arrastrado por un vehículo con lazos atados al cuello, fue también rescatado —aunque el episodio expuso la lentitud de la respuesta oficial y la resistencia de algunos funcionarios a tomar cartas en el asunto—. Casos como el de Clarita, una perrita que sobrevivió tras ser acuchillada en Pachuca y que con atención médica recupera fuerzas, muestran que nuestro tejido social late cuando hay manos dispuestas a intervenir.
Estas historias, tan dolorosas como ejemplares, ponen en evidencia dos realidades simultáneas: la legislación existe y los casos se acumulan. ¿Qué falla entonces? La respuesta es, como casi siempre, simple: la cultura de la irresponsabilidad y una normalización escandalosa de la crueldad. Cuando un video se convierte en moneda de cambio para sacudir conciencias y no en prueba suficiente para que se aplique la ley, algo profundamente ético está fallando en nuestro entorno. Las penas, por duras que sean sobre el papel, son inútiles si no hay voluntad para aplicarlas.
En este contexto, no basta con enunciar penas más severas —aunque de ser necesario, eso también—. Es urgente que las autoridades, desde la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo hasta los municipios, refuercen la atención ciudadana para que las denuncias derivadas de los números de Emergencias (911 o 089) o directamente ante la PGJEH no se queden en la gaveta del desdén. La denuncia pública debe ser acompañada de acciones institucionales ágiles y efectivas que traduzcan repudio social en justicia tangible.
Popeye, el Güero y Clarita representan algo más que casos individuales: son llaves que pueden abrir la puerta de una nueva conciencia social. Si queremos un Hidalgo que responda con rigor a la crueldad, primero debemos entender que el respeto a los animales es medidor del nivel de civilidad de nuestra comunidad. De lo contrario, seguiremos decretando penas sin ver cómo prospera la compasión en las calles, en las patrullas y en las sentencias.
SU CINTO: Esta semana que inicia comenzó con el recuerdo de siete años de una trágica explosión en Tlahuelilpan, el 18 de enero. Mientras tanto, Hidalgo se ha mantenido en el primer sitio en cuanto robo de hidrocarburo, según datos oficiales. Parece que de plano no entendemos.
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