En el estado de Hidalgo estamos por concluir con el proceso electoral local extraordinario a través del cual se eligió al nuevo ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa, que tomó posesión el pasado 15 de enero.

En el estado de Hidalgo estamos por concluir con el proceso electoral local extraordinario a través del cual se eligió al nuevo ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa, que tomó posesión el pasado 15 de enero.
Con esto, luego de más de un año, entraremos a una etapa denominada ordinaria en los calendarios electorales locales; sin embargo, a nivel federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) inició, desde el año pasado, el proceso electoral extraordinario para elegir diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, el cual llevará a cabo su elección el domingo 1 de junio.
Esto es resultado de las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión y que entraron en vigor en septiembre de 2024, a través de las cuales se estableció que diversos cargos de personas juzgadoras federales fueran designados a través de una elección popular organizada por el INE.
Atendiendo a las reglas de los artículos transitorios de la reforma constitucional, se ordenó que en 2025 fueran electos los siguientes cargos judiciales a través, insisto, de una elección federal: nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que la propia reforma también redujo el número de personas ministras que deben integrar el pleno de la SCJN de 11 a nueve; dos magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para por fin completar su pleno de siete; 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF; cinco personas integrantes del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, que en parte realizará actividades que hoy están a cargo del próximamente extinto Consejo de la Judicatura Federal; 464 magistraturas de circuito y 386 cargos de personas juzgadoras de distrito.
El reto que enfrenta el INE es mayúsculo derivado, entre otras cuestiones, por ejemplo, del diseño de la papelería electoral, la carga que la reforma le dio a su Consejo General de generar los lineamientos que fueran necesarios para desarrollar la elección judicial o de tratar de armonizar la geografía judicial federal con la geografía electoral con la que constitucionalmente, desde hace más de tres décadas, el INE ha operado y organizado las elecciones federales en nuestro país.
Así transcurre este proceso que, sin duda, el INE dotará de certeza y legalidad, para hacer cumplir su nueva función constitucional, con diversos retos como los que ya se mencionaron, pero con el invaluable insumo que tiene la autoridad nacional que recae en sus funcionarias y funcionarios electorales capaces, profesionales y comprometidos con la democracia mexicana.
Lo que nos corresponde como sociedad con este nuevo diseño constitucional respecto a la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación es participar, involucrarnos en esta elección histórica y salir a votar a la mesa receptora de votos que nos corresponda el domingo 1 de junio de este año.