Hablemos de ecocidio desde una visión materialista histórica
Para aprehender esta crisis es preciso superar las concepciones idealistas de la ecología, que la explican mediante categorías morales o la simple “falta de cultura ambiental”
Avanzar en un análisis materialista de la realidad ambiental de Hidalgo es indispensable porque permite superar las explicaciones moralizantes o meramente técnicas del deterioro ecológico y ubicar su causa real en la estructura económica que organiza el territorio.
Escribo desde la memoria socialista en la que la milité.
La realidad ambiental del estado de Hidalgo —agudizada en la región de Tula-Tepeji y el Valle del Mezquital— no constituye un fenómeno fortuito, una anomalía de la naturaleza ni el resultado aislado de una deficiente planeación administrativa.
El paisaje de degradación ecológica de la entidad es la manifestación concreta de las leyes de acumulación que rigen al modo de producción capitalista. La naturaleza no se degrada en abstracto; se desestructura como consecuencia directa de las relaciones sociales de producción y del desarrollo de las fuerzas productivas subordinadas a la reproducción del capital.
Para aprehender esta crisis es preciso superar las concepciones idealistas de la ecología, que la explican mediante categorías morales o la simple “falta de cultura ambiental”.
El materialismo histórico sitúa el análisis en la base material de la sociedad: son las condiciones económicas y la estructura de clases las que determinan la superestructura jurídica y la transformación física del entorno.
Hidalgo es un caso paradigmático de un territorio moldeado como soporte de una economía capitalista centralizada, subordinada a las necesidades de acumulación de la Zona Metropolitana del Valle de México.
La anatomía ecológica de Hidalgo se explica por su inserción histórica en la división territorial del trabajo en México: la entidad fue configurada no como un espacio de desarrollo autosustentable, sino como un territorio periférico subordinado a las necesidades del centro de acumulación del país.
La instalación de complejos industriales de gran escala —la refinería Miguel Hidalgo, la termoeléctrica de Tula y el corredor cementero de Atotonilco de Tula— responde a la necesidad del capital centralizado de externalizar sus costos ecológicos, garantizando el flujo de valores de cambio hacia el mercado nacional antes que la satisfacción de los valores de uso locales.
El suelo, el aire y el agua de Hidalgo funcionan como condiciones naturales de la producción —el “regalo gratuito” que la naturaleza ofrece al capital sin costo— absorbidas para el procesamiento de desechos, transfiriendo el desgaste ambiental a la periferia para sostener la tasa de ganancia de las clases dominantes.
Esta dinámica de despojo se evidencia en el metabolismo hídrico de la región: mientras el acuífero Cuautitlán-Pachuca es explotado intensivamente para abastecer la expansión del centro del país, Hidalgo recibe en contrapartida el retorno de ese ciclo en ríos de aguas residuales.
La presa Endhó y los canales de riego del Mezquital son la desembocadura de los desechos metropolitanos: el agua se extrae limpia para generar valor y el residuo tóxico se devuelve al territorio, prueba de que la degradación ambiental sostiene el crecimiento urbano de la capital.
La distribución del daño ambiental en Hidalgo no posee un carácter democrático; está fracturada por las divisiones de clase.
Las llamadas “zonas de sacrificio” son habitadas y trabajadas casi en su totalidad por el proletariado urbano, jornaleros agrícolas y comunidades campesinas e indígenas, que absorben en sus cuerpos —mediante elevadas tasas de morbilidad por metales pesados y enfermedades respiratorias crónicas— el costo físico de la industrialización.
Históricamente, la clase dominante ha legitimado esta devastación mediante una superestructura ideológica articulada en torno al mito del “progreso”: el discurso oficial presenta chimeneas y plantas de asfalto como sinónimo de empleo, ocultando la doble explotación de la clase trabajadora —la extracción de plusvalía y, simultáneamente, la degradación de su salud por la contaminación industrial.
Frente a la agudización de la crisis, el Estado interviene mediante políticas públicas y decretos de restauración ecológica. Sin embargo, desde el materialismo histórico, el Estado en la sociedad de clases no es un mediador neutro, sino —en palabras de Marx y Engels— el comité que administra los asuntos comunes de la burguesía.
Por ello, la legislación ambiental está diseñada para regular el ritmo de la destrucción, impidiendo que el colapso ecológico detenga la producción, pero sin alterar la propiedad privada de los medios que lo provocan.
Los proyectos de “economía circular” o los complejos de reciclaje proyectados para Tula representan el intento de mercantilizar la propia crisis: no eliminan el desecho, sino que lo transforman en una nueva rama de acumulación para capitales privados, mientras las declaratorias gubernamentales operan como mecanismos de amortiguación ideológica que pacifican la resistencia social sin desmantelar las prerrogativas de los monopolios cementeros, energéticos y químicos que saturan el territorio.
El panorama socioambiental de Hidalgo expone la contradicción dialéctica fundamental del modo de producción: la tendencia inherente del capital a socavar y agotar las dos fuentes originales de toda riqueza, la tierra y el trabajador.
La utilización de aguas residuales del Valle de México para el riego agrícola en el Mezquital ilustra esta contradicción con nitidez: generó un incremento en la productividad a corto plazo —un “milagro” basado en nutrientes orgánicos— al costo de la contaminación irreversible de los suelos, la bioacumulación de metales pesados en los cultivos y el envenenamiento de las cadenas alimentarias de la propia clase trabajadora.
No obstante, las contradicciones materiales engendran las condiciones para su propia superación a través de la praxis social.
La resistencia ribereña de la presa Endhó, las movilizaciones en Atitalaquia contra vertederos regionales y la defensa comunitaria de los recursos en Zimapán demuestran que el sujeto histórico no asimila la devastación de manera pasiva, sino que transforma la demanda ambiental abstracta en una lucha política concreta por el control del territorio.
El análisis de la realidad ambiental de Hidalgo bajo el método del materialismo histórico conduce a una conclusión ineludible: la crisis ecológica de la entidad no admite soluciones técnicas, cosméticas o reformistas dentro de los límites del mercado.
El ecocidio hidalguense es un problema de economía política estructural.
Mientras el valor de cambio y la tasa de ganancia operen como fuerzas motrices de la organización territorial, la naturaleza continuará siendo tratada como un vertedero y un insumo depreciado.
La resolución de esta contradicción no provendrá de una gestión pública más eficiente del capitalismo “verde”, sino de la transformación radical de las relaciones de propiedad.
Las fuerzas productivas e industriales que hoy devastan la entidad deben ser expropiadas y puestas bajo el control democrático de los productores directos y las comunidades organizadas, orientadas a la satisfacción de los valores de uso y al respeto de los límites biofísicos de la naturaleza, para construir una relación metabólica equilibrada entre sociedad y entorno.
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