Gobernar sin el Estado: anatomía de una ruptura silenciosa

Alrededor del mediodía, comenzaron a llegar. Sin convocatoria oficial, sin aparato logístico, sin la coreografía habitual del poder. Llegaron por necesidad. No por invitación, sino por urgencia. En los rostros no había entusiasmo ingenuo, sino una mezcla más compleja: fatiga cívica, lucidez política y una determinación que rara vez encuentra cauce en los mecanismos institucionales.

Las primeras conversaciones no tardaron en delinear el clima general. El malestar era transversal. No distinguía niveles de gobierno ni afiliaciones. La crítica, lejos de ser estridente, era precisa: el problema no es únicamente la decisión pública, sino la forma en que esta se produce. O, más exactamente, la forma en que deja de producirse en diálogo con la sociedad.

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El rechazo al resultado de la consulta sobre el proyecto de economía circular no emergía como una anécdota aislada, sino como síntoma. Un síntoma de un fenómeno más amplio: el progresivo vaciamiento de los dispositivos participativos. 

Consultas que no consultan, procesos que no procesan, decisiones que llegan ya cerradas, blindadas contra cualquier interferencia ciudadana. En ese contexto, la participación deja de ser un derecho para convertirse en una escenografía.

El tema de los residuos —y, en particular, el cierre del relleno sanitario— operó como catalizador. Pero lo que estaba en juego iba más allá de la gestión ambiental. Lo que se ponía en evidencia era una relación deteriorada entre gobernantes y gobernados, donde la información circula de manera fragmentaria, las decisiones se perciben como arbitrarias y el tiempo institucional no coincide con la urgencia social.

¿Cómo explicar, se preguntaban algunos, que una autoridad tarde años en reconocer irregularidades evidentes? ¿Cómo interpretar un cierre que, lejos de ser resultado de un proceso transparente, aparece como una reacción tardía? La pregunta no buscaba una respuesta técnica, sino política.

La disposición del espacio —una mesa en forma de herradura, cubierta con un mantel blanco— evocaba, de manera casi irónica, las escenografías del poder institucional. Pero ahí terminaba la similitud. No había jerarquías rígidas ni discursos preestablecidos. La palabra circulaba. Y en esa circulación, algo comenzaba a recomponerse.

El lugar, una techumbre de lámina galvanizada donde el sol se filtraba con más insistencia que la sombra, ofrecía condiciones materiales precarias. Pero, paradójicamente, albergaba una densidad política poco común. 

Los asistentes se saludaban, intercambiaban impresiones, preguntaban qué se esperaba de la reunión. La respuesta —escuchar— no era una consigna vacía, sino una práctica en construcción.

En contextos donde la palabra pública ha sido capturada por la retórica, escuchar adquiere una dimensión casi subversiva.

Me situé lejos de la cabecera. No por discreción, sino por coherencia con el espíritu del encuentro. Las cabeceras concentran, ordenan, jerarquizan. Lo que ahí se desplegaba era otra lógica: una horizontalidad imperfecta, pero real.

La organización de la mesa fue rápida y, sobre todo, legítima. Se eligieron figuras básicas —presidencia, secretaría, relatoría— sin fricciones visibles. Un procedimiento elemental que, sin embargo, contrasta con la complejidad opaca de muchas estructuras institucionales. Aquí, la regla era clara: quien participa, decide.

Los temas definidos —agua y basura— condensaban dos de las tensiones más agudas del territorio. No como abstracciones, sino como experiencias cotidianas. La discusión sobre el relleno sanitario evidenció una desconfianza sedimentada. 

No se trataba únicamente de cuestionar una decisión puntual, sino de señalar un patrón: opacidad, dilación, falta de rendición de cuentas.

El cierre del sitio no fue leído como una acción correctiva, sino como un gesto tardío que dejaba más preguntas que respuestas. La temporalidad del Estado —lenta, errática— contrastaba con la inmediatez del impacto en las comunidades.

Cuando el proyecto de economía circular regresó al centro del debate, lo hizo cargado de ambigüedades. En principio, se trata de un paradigma ampliamente promovido en los discursos contemporáneos sobre sostenibilidad. 

Pero, en este caso, la distancia entre el concepto y su implementación generaba sospecha. No por el modelo en sí, sino por las condiciones de su introducción.

La percepción de imposición no es un problema de comunicación deficiente; es el resultado de una práctica política que excluye sistemáticamente a quienes serán afectados por las decisiones.

Se me solicitó exponer el modelo de gestión de residuos impulsado por la Sociedad Ecologista. La intervención, breve por decisión propia, intentó situarse en un registro distinto: no el de la prescripción, sino el de la contribución. 

Se planteó que una gestión municipal robusta puede fortalecer la autonomía territorial, que la reducción del confinamiento es técnica y socialmente viable, que menos del 10% de los residuos debería terminar en disposición final.

Pero lo central no fue el contenido, sino el contexto. La propuesta no buscaba reemplazar el proceso en curso, sino insertarse en él. No dirigir, sino dialogar.

La reacción de la mesa fue reveladora. No hubo adhesiones automáticas ni rechazos viscerales. Hubo algo más complejo: apropiación crítica. Las intervenciones posteriores no giraron en torno a validar una idea externa, sino a integrarla —o descartarla— dentro de una agenda colectiva.

Esa agenda comenzó a delinearse con rapidez. Prioridades, secuencias, responsabilidades. Un ejercicio que, en muchos espacios institucionales, se diluye en trámites interminables, aquí avanzaba con una claridad notable. No porque careciera de conflictos, sino porque estos se procesaban en tiempo real.

Durante el receso, la conversación se desplazó hacia registros más informales, pero no menos significativos. 

La diversidad de temas abordados, la capacidad de conectar experiencias locales con dinámicas estructurales, desmontaba una de las premisas más persistentes del discurso tecnocrático: la supuesta incapacidad de la ciudadanía para intervenir en asuntos complejos.

Esa idea —profundamente funcional al poder— encuentra cada vez menos sustento en la realidad.

Al retomar la sesión, la mesa avanzó hacia la consolidación de acuerdos. En apenas unas horas, una arquitectura básica de trabajo comenzaba a tomar forma. La discusión sobre la continuidad del proceso no evidenció desgaste, sino compromiso.

 La oferta de espacios para futuras reuniones, la disposición para sostener el esfuerzo en el tiempo, indicaban la emergencia de algo más que una reunión puntual: una dinámica organizativa.

Y es aquí donde la escena adquiere una dimensión más inquietante.

Mientras la ciudadanía se organiza, delibera y construye, el Estado —o, al menos, sus representantes inmediatos— se repliega. Las solicitudes de audiencia dirigidas a distintas instancias permanecen sin respuesta. No hay interlocución, no hay mediación, no hay presencia.

El silencio institucional no es neutro. Es una forma de acción. Una que, al evitar el conflicto en el corto plazo, contribuye a su profundización en el mediano.

Lo que estas mesas ponen en evidencia no es únicamente la capacidad organizativa de la ciudadanía, sino la creciente desconexión del aparato estatal respecto de los procesos sociales que debería acompañar.

No se trata de idealizar estas experiencias. Son frágiles, contingentes, atravesadas por tensiones. Pero su existencia misma cuestiona la narrativa dominante: aquella que sitúa al Estado como único garante de la gobernanza.

Aquí, la gobernanza emerge en ausencia —o, más precisamente, a pesar— del Estado.

La paradoja es evidente. En ese vacío institucional, se abre un espacio de experimentación democrática. Pero ese espacio no debería ser producto del abandono, sino de una articulación consciente.

Gobernar no es únicamente administrar recursos o ejecutar políticas. Es, ante todo, construir legitimidad. Y esa legitimidad no se decreta: se negocia, se disputa, se renueva.

Lo que ocurre bajo esa techumbre de lámina, en condiciones materiales limitadas, pero con una intensidad política innegable, es una forma incipiente de esa reconstrucción.

Mientras tanto, el poder observa —o ignora— desde la distancia.

Y en ese gesto, quizás involuntario, cede terreno.

No a una oposición estructurada ni a una fuerza organizada en términos tradicionales, sino a algo más difícil de contener: una ciudadanía que, progresivamente, deja de esperar.