Soberanía reclamada en territorio perdido
Dicen que hay letras que vale la pena dejar en paz y temas que no se deben abordar. Dicen los que saben que es actuar con prudencia. Nunca lo he entendido del todo.
Dicen los que saben que no es bueno escribir desde la rabia, desde la furia y la desesperanza. Dicen que hay letras que vale la pena dejar en paz y temas que no se deben abordar. Dicen los que saben que es actuar con prudencia. Nunca lo he entendido del todo.
Pero en medio del engolosinamiento del poder y el silencio, hay dolores que compartir.
He buscado la manera de decir, de abordar esa otra realidad que, en ocasiones, nos parece ajena y distante y, con cierto egoísmo, dejamos pasar.
Pero no esta vez.
Hoy, para los que se saben consientes y patriotas, la soberanía de México se defiende con discursos encendidos, apelaciones al orgullo nacional y una feroz resistencia a lo que el gobierno actual denomina injerencia extranjera.
Pero a unos pasos de todos nosotros, en las calles polvorientas y tropicales del estado de Veracruz, la palabra soberanía no pertenece al Estado mexicano. Pertenece a los hombres encapuchados que cargan fusiles de asalto, a los comandos que derriban puertas con mazos y a las organizaciones criminales que deciden, con total impunidad, quién vive, quién muere y quién tiene derecho a hablar.
Esta disonancia política define el panorama actual de México, atrapado en una tormenta perfecta donde la retórica política de alto nivel choca frontalmente con la desastrosa realidad del control territorial de facto.
La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum endureció su postura frente a Washington. Ante una multitud, la mandataria calificó como un acto de intromisión inaceptable las recientes acusaciones e investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que vinculan a prominentes políticos y funcionarios mexicanos con el narcotráfico.
“Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no…, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia”, sentenció con firmeza, exigiendo pruebas irrefutables antes de permitir que cualquier institución nacional mueva un solo dedo.
Casi en paralelo, el nuevo embajador estadunidense en México, Ronald Johnson, emitió una réplica inusualmente directa.
En un comunicado que destilaba la frustración acumulada de las agencias de inteligencia en Washington, Johnson advirtió que “cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida”.
El mensaje de la Casa Blanca fue nítido: mientras México se enreda en debates ideológicos y formalidades diplomáticas, las corporaciones criminales transnacionales continúan expandiendo su imperio de terror y fentanilo.
Para entender cuál de las dos visiones describe con precisión el estado actual del país, no hace falta revisar los tratados internacionales; basta con mirar a Veracruz.
Ahí, la teoría de la soberanía se desmorona ante los hechos reales. Hace solo unos días, el periodista Carlos Ramírez Castro, director del portal digital Código Norte Veracruz, fue ejecutado a balazos en un restaurante de Poza Rica.
Tenía apenas 26 años. Lo trágico de su asesinato no es solo la pérdida de otra voz en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, sino el hecho de que Ramírez Castro contaba con medidas oficiales de protección estatal tras haber denunciado amenazas de la policía local.
El mecanismo de protección del Estado mexicano resultó ser un trozo de papel inútil ante las balas de los cárteles.
Apenas unas horas después de este funeral, en el municipio Nanchital, el horror se vistió de metraje digital.
Un video de seguridad, crudo y aterrador, capturó el momento exacto en que un comando de hombres armados y con los rostros cubiertos destrozaba a mazazos la puerta de aluminio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
Los gritos desesperados de su familia advirtiendo que en la casa había un bebé fueron ignorados. Guzmán, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue arrastrada hacia el vacío de la desaparición forzada.
Su esposo, cabe recordar, fue asesinado a tiros años atrás. Ella había huido del estado por miedo, pero regresó creyendo en las promesas de pacificación de un gobierno estatal alineado con la narrativa federal. Se equivocó.
Cuando se analizan estos acontecimientos de forma aislada, es fácil perderse en la numeralia de la violencia o en la jerga de la diplomacia. Pero cuando se conectan los puntos, emerge una verdad incómoda y sistemática: la defensa de la soberanía abstracta por parte del gobierno federal está funcionando, de manera intencionada o colateral, como un escudo para proteger la podredumbre de sus estructuras locales.
El periodismo regional en México no es atacado por azar. Los reporteros de nota roja y política local en lugares como Veracruz son el verdadero termómetro de la gobernanza criminal.
Son los únicos que documentan una realidad de la que hemos evitado hablar a toda costa; de la que nos enteramos por aquellos que poco a poco han sido silenciados.
Cuando el Departamento de Justicia de EU señala la colusión de altos funcionarios con el narcotráfico, no está inventando conspiraciones políticas; está leyendo el mapa que los periodistas locales pagan con sus vidas para trazar.
Por ello, la insistencia en bloquear el flujo de información y exigir pruebas irrefutables antes de cooperar con Washington; no es solo una postura nacionalista, es un blindaje político defensivo.
El temor real no es la pérdida de la independencia jurídica, sino el costo electoral y el colapso de legitimidad que supondría aceptar públicamente que el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza en vastas regiones del territorio nacional.
La estrategia de seguridad de México se ha convertido en un ejercicio de relaciones públicas. Mientras que se sostiene ante las cámaras que los índices delictivos van a la baja, el video del mazo derribando la puerta de una periodista expone una incómoda verdad.
Los cárteles ya no operan en la clandestinidad de la selva o la montaña; operan a las seis de la mañana, en zonas urbanas, grabando sus propios crímenes porque saben que la fiscalía local se limitará a abrir una carpeta de investigación que engrosará la impunidad que impera en el país.
El dilema estratégico que enfrenta México es insostenible a largo plazo.
Ninguna nación puede reclamar una soberanía perfecta ante la comunidad internacional cuando es incapaz de garantizar la vida de quienes reportan la verdad dentro de sus fronteras.
La soberanía no se decreta en conferencias de prensa; se ejerce controlando los territorios, protegiendo a los ciudadanos y sometiendo a los criminales ante la ley.
El vacío de poder seguirá siendo llenado por los únicos actores que hoy demuestran una estrategia clara, contundente y efectiva sobre el terreno: el crimen organizado.
Y en esa ecuación, los periodistas locales seguirán siendo las bajas de una guerra que el gobierno se niega a reconocer, pero que la realidad insiste en filmar.
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