Invertir más de 700 millones de pesos en el Tuzobús no garantiza aplausos ni votos. Lo que el gobierno intenta recuperar no son autobuses: es la confianza de los usuarios

Durante años, el Tuzobús fue uno de esos proyectos que parecían condenados a cargar para siempre con su mala fama. Pocas obras públicas en Hidalgo han generado tantas críticas, tantas quejas y tantas discusiones. Para una parte de la ciudadanía, el sistema terminó convirtiéndose en sinónimo de retrasos, saturación, unidades deterioradas y una promesa que nunca alcanzó todo su potencial.
Por eso resulta interesante lo ocurrido esta semana. Mientras muchos habrían optado por administrar el problema, mantenerlo funcionando con reparaciones mínimas y dejar que el tiempo hiciera su trabajo, el gobierno estatal decidió apostar por algo distinto: asumir el control directo del sistema, renovar la flota e invertir cientos de millones de pesos en un proyecto que, desde el punto de vista político, parecía más una carga que una oportunidad. La renovación contempla 140 unidades nuevas, la rehabilitación de estaciones y una inversión superior a los 730 millones de pesos para transformar el sistema de movilidad de la zona metropolitana de Pachuca.
En términos estrictamente políticos, no era la decisión más cómoda. Las obras nuevas generan aplausos. Los proyectos heredados suelen generar reclamos. Y el Tuzobús pertenece claramente a la segunda categoría.
Sin embargo, detrás de la decisión existe una lectura que vale la pena analizar. El gobernador Julio Menchaca parece haber entendido que el crecimiento de Pachuca, Mineral de la Reforma y la zona metropolitana obliga a pensar la movilidad como un asunto estratégico y no únicamente administrativo. El aumento de vehículos particulares, la expansión urbana y la futura llegada del tren México-Pachuca plantean desafíos que difícilmente podrán resolverse únicamente con más automóviles en las calles.
Por eso quizá la frase más importante pronunciada durante la puesta en marcha de las nuevas unidades no fue la relacionada con los autobuses ni con la inversión. Fue la invitación implícita a volver a confiar en el sistema.
Y confiar, en este caso, no es una palabra menor.
Porque la confianza no se decreta. No se inaugura. No se publica en el Periódico Oficial. La confianza se construye después de años de malas experiencias y solamente puede recuperarse cuando las mejoras son visibles para quienes utilizan el servicio todos los días.
Ahí radica el verdadero desafío.
El gobierno ya hizo la apuesta financiera. Ya asumió el costo político de intervenir un sistema desgastado. Ya colocó recursos públicos en una infraestructura que durante años acumuló problemas. Ahora viene la parte más difícil: convencer a los usuarios de que esta vez será diferente.
Si las nuevas unidades reducen tiempos de espera, mejoran la seguridad y ofrecen un servicio más digno, la inversión habrá valido la pena. Si no ocurre, el problema ya no será de los gobiernos anteriores ni de las empresas concesionarias. Será responsabilidad de quien decidió asumir el control.
Y precisamente por eso la apuesta resulta relevante.
En una época donde gran parte de la política gira alrededor de anuncios, discursos y confrontaciones, hay algo poco común en destinar más de 700 millones de pesos a un sistema de transporte público que no garantiza aplausos inmediatos ni rentabilidad electoral automática.
Quizá el accidente de una unidad durante sus primeras horas de operación ocupó titulares. Pero dentro de algunos años nadie recordará ese incidente. Lo que sí recordarán los usuarios será si el Tuzobús logró convertirse en el sistema de transporte que Hidalgo necesitaba o si volvió a quedarse a medio camino.
Porque al final, más que renovar autobuses, lo que está intentando renovarse es la confianza de los ciudadanos.
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