Fiscalizar a tiempo: una decisión federal con impacto en Hidalgo

La eliminación de los “candados” que impedían auditar obras y proyectos clasificados como reservados, aprobada recientemente por la Cámara de Diputados federal, no es un hecho aislado ni una reforma menor. Se trata de una decisión que redefine el alcance de la fiscalización en México y que, por su propia naturaleza, terminará influyendo en las prácticas y expectativas de las entidades federativas, incluido Hidalgo.

Durante muchos años, la fiscalización fue concebida como un proceso tardío, sujeto a plazos rígidos y a barreras legales que limitaban su efectividad. La reforma modifica ese paradigma al fortalecer las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación y dotarla de herramientas que privilegian la oportunidad sobre la espera. Con ello, se envía un mensaje institucional claro: cuando hay recursos públicos de por medio, la rendición de cuentas no puede posponerse.

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Las modificaciones aprobadas contemplan, entre otros aspectos, el acceso de la ASF a información reservada o confidencial siempre que esté vinculada con el uso de recursos públicos federales, la deuda o los egresos; la facultad de realizar auditorías en tiempo real, sin necesidad de esperar a la revisión anual de la Cuenta Pública; la posibilidad de revisar ejercicios fiscales anteriores cuando existan elementos suficientes; la investigación de faltas administrativas graves, ya sea de oficio o a partir de denuncias, y la apertura a auditorías solicitadas mediante iniciativas ciudadanas, incluso durante el mismo ejercicio fiscal del gasto. En conjunto, estas medidas fortalecen un enfoque preventivo que busca corregir a tiempo y no simplemente sancionar a destiempo.

Para Hidalgo, este cambio resulta especialmente relevante. El estado ha incrementado su inversión pública en infraestructura, programas sociales y proyectos estratégicos orientados al desarrollo regional. Ese esfuerzo presupuestal exige, de forma paralela, mecanismos de vigilancia más ágiles y eficaces que aseguren que cada peso ejercido cumpla su objetivo y genere beneficios reales para la población.

Porque cuando la fiscalización se fortalece, no se debilita al gobierno: se fortalece el interés público; hay garantías.

La experiencia demuestra que la fiscalización preventiva no obstaculiza la acción gubernamental. Al contrario, permite identificar riesgos, mejorar procesos administrativos y fortalecer los controles internos antes de que los errores se traduzcan en daños mayores. En ese sentido, fiscalizar a tiempo es también una forma de gobernar mejor.

En Hidalgo, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo ha sostenido que el valor de su labor no se mide únicamente en observaciones, sino en su contribución a la mejora continua de la gestión pública y al fortalecimiento de la confianza ciudadana. Lo aprobado a nivel federal eleva el estándar y anticipa un debate que, más temprano que tarde, tendrá reflejo en el ámbito local.

La rendición de cuentas no es opción: es deber público.