Epazoyucan: Cuando la violencia política deja de ser excepción y se vuelve síntoma

En la política local mexicana, los escándalos suelen presentarse como episodios aislados; sin embargo, cuando los hechos se repiten bajo distintas administraciones, dejan de ser incidentes para convertirse en síntomas de una cultura política que se resiste a evolucionar.

Epazoyucan enfrenta hoy una realidad incómoda: señalamientos de violencia política en razón de género contra regidoras del ayuntamiento durante la actual administración, encabezada por Carlos Montaño Rodríguez, precedidos por resoluciones firmes contra el exalcalde Luis Antonio Montiel Castelán por conductas similares. No se trata de un conflicto personal ni de una disputa política ordinaria, se trata de un patrón.

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La violencia política de género no siempre se manifiesta con agresiones visibles. Con frecuencia, aparece en formas más sutiles, pero igual de dañinas: negar información necesaria para ejercer el cargo, obstaculizar la participación en decisiones de Cabildo, desacreditar la voz de las representantes o ignorar condiciones como la maternidad o la discapacidad. Estas prácticas no solo vulneran derechos individuales, erosionan la esencia de la democracia local. Cuando una regidora no puede ejercer plenamente su función, no pierde solo ella, pierde la ciudadanía que representa.

México ha avanzado en paridad política, pero la igualdad formal no ha erradicado resistencias arraigadas en estructuras de poder tradicionales. Los Cabildos, que deberían ser espacios de deliberación plural, continúan reproduciendo prácticas de exclusión. Epazoyucan expone esa tensión entre ley y cultura política. La pregunta ya no es si existen mecanismos legales para proteger los derechos políticos de las mujeres, sino por qué siguen siendo necesarios.

Que dos administraciones consecutivas enfrenten señalamientos similares obliga a mirar más allá de los nombres propios. No se trata únicamente de responsabilidades individuales, sino de entender si existen prácticas institucionales toleradas, dinámicas de poder normalizadas o resistencias estructurales a la participación política plena de las mujeres. Si los hechos se repiten, el problema no es circunstancial, es sistémico.

Ignorar estos episodios deteriora la confianza ciudadana, debilita la legitimidad institucional y desalienta la participación política femenina. Enfrentarlos con seriedad, en cambio, puede fortalecer la cultura democrática. Lo que ocurre en Epazoyucan no es un caso aislado, sino un espejo de las tensiones que vive la democracia mexicana en su nivel más cercano a la ciudadanía. La igualdad política no se decreta, se construye. Porque sin igualdad sustantiva, la representación es incompleta, y sin representación plena, la democracia queda reducida a una promesa.

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