Efiartes o el arte de rifar la cultura

Extraña especialidad del Estado mexicano: construir instrumentos que funcionan y, cuando empiezan a funcionar demasiado bien, impedirles crecer. Es una especie de deporte burocrático. Se crea un mecanismo inteligente, se presenta como ejemplo de colaboración entre iniciativa privada y cultura y, cuando demuestra que la demanda existe, se le pone un techo tan bajo que termina golpeándose la cabeza contra él. Eso, exactamente eso, es hoy Efiartes.

El pasado 6 de julio, la productora Andrea Salmerón publicó un dato que debería colgarse enmarcado en la entrada de la Secretaría de Hacienda y también en la Cámara de Diputados: existen proyectos susceptibles de recibir Efiartes por 721 millones de pesos, pero el techo autorizado es de 250 millones.

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Traduzcámoslo al español de todos los días: 232 proyectos ya evaluados, ya dictaminados, ya desarrollados durante meses y ya cargados en la plataforma de una de las convocatorias más largas, complejas y técnicamente exigentes de todo el ecosistema cultural mexicano no recibirán un solo peso. No porque incumplan requisitos. Simplemente porque no alcanzarán a conseguir un contribuyente aportante antes de que se agote un techo presupuestal artificial.

Y ese techo no apareció por generación espontánea. No lo fijó la inflación. No lo dictó el Espíritu Santo. Lo aprueba el Congreso de la Unión y lo administra la Secretaría de Hacienda. Hay nombres, cargos, oficinas y firmas detrás de esa cifra. Convendría recordarlo cada vez que algún legislador sube a sus redes sociales un discurso para proclamarse orgulloso defensor de la cultura o en las próximas elecciones.

Vale la pena recordar de qué estamos hablando. Efiartes es el estímulo fiscal previsto en el artículo 190 de la Ley del ISR. Una empresa destina parte del impuesto que pagaría a un proyecto artístico específico y recibe un crédito fiscal equivalente. No dona a un fondo abstracto: elige una obra, una compañía y un proyecto concreto. El Consejo de Evaluación determina cuáles cumplen con los criterios técnicos y artísticos; Hacienda administra el procedimiento junto con el Inbal.

Hasta ahí, el diseño es inteligente. El problema empieza cuando el propio Estado reconoce que cientos de proyectos son viables y culturalmente valiosos, pero deja que su destino dependa del mercado. Entonces, ¿para qué sirve una evaluación de meses? ¿Para qué exigir estudios de viabilidad, cartas compromiso, presupuestos, cronogramas, estrategias de públicos y expedientes que pueden tardar meses en construirse si la selección final termina dependiendo de quién encuentre primero una empresa? ¿En qué momento la calidad artística dejó de importar para ser sustituida por la velocidad del contacto empresarial y su beneplácito?

El monto susceptible este año representa el 288.68 por ciento del máximo que puede distribuirse. Dicho de otra manera: existe casi el triple de proyectos aprobados que recursos disponibles. El 65 por ciento de las propuestas calificadas como viables se quedará fuera, también por la curiosa calificación que arroja el INBAL, en la cual los brokers obviamente eligen a los proyectos mejor puntuados. Pero el fondo es una decisión presupuestal sobre la cual Hacienda guarda silencio. Un silencio admirable, hay que decirlo, porque convierte una decisión perfectamente humana en un fenómeno natural. Nunca escuchamos una explicación pública. ¿Por qué esa cifra? ¿Por qué no 350 millones? ¿Por qué fijar un techo presupuestal? ¿Por qué mantener congelado un instrumento cuya demanda aumenta año tras año? ¿Existe algún estudio económico que justifique ese límite? ¿O simplemente se copia el número del ejercicio anterior y asunto resuelto? Y el Congreso tampoco parece especialmente interesado en responder. Diputados y senadores hablan con frecuencia de industrias creativas, economía cultural, patrimonio y derechos culturales. Todo eso suena magnífico hasta que llega el momento de votar el presupuesto. Ahí la cultura vuelve a ocupar el asiento de atrás.

Lo más inquietante es estructural: Efiartes dejó hace tiempo de ser una alternativa de financiamiento para convertirse, en los hechos, en la principal vía de producción en México. Cuando la única puerta de un edificio se convierte también en su única ventana, uno ya no habla de arquitectura: habla de encierro.

Lo más absurdo es que ni siquiera estamos hablando de regalar dinero. Las empresas ya manifestaron su voluntad de destinar parte de sus impuestos a proyectos específicos. Los proyectos ya fueron evaluados favorablemente. Los consejos ya hicieron su trabajo. Entonces, ¿qué exactamente está defendiendo Hacienda al impedir que crezca? ¿Qué protege el Congreso cuando mantiene congelado el techo? ¿A quién beneficia rechazar proyectos que el propio Estado considera valiosos?