La tauromaquia y la política de no hacerse responsable

La consulta ciudadana puede parecer un acto democrático, pero también puede ser una forma ordenada de evitar lo más difícil en política: asumir el costo de decidir. 

La discusión sobre la tauromaquia en Hidalgo parecía haber encontrado una salida institucional con la idea de llevar el tema a consulta ciudadana. En el papel, suena a una expansión democrática; en la práctica, puede terminar siendo otra cosa: una forma ordenada de evitar lo más difícil en política, que es asumir el costo de decidir.

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Porque lo que antes se analizaba como un problema de postura pública, hoy se ha convertido en un problema de método de gobierno. Ya no se trata únicamente del miedo a tomar decisiones, sino de la construcción de mecanismos cada vez más sofisticados para que la decisión final no tenga un responsable claro.

La consulta ciudadana, en este contexto, adquiere un doble filo. Por un lado, representa una herramienta legítima de participación. Por otro, cuando se utiliza sin un proceso previo sólido de deliberación pública, sin información equilibrada y sin una construcción gradual del debate, puede convertirse en un instrumento de traslado de responsabilidad política. No es lo mismo consultar a una sociedad que ha sido parte del debate que someter a votación un tema que llega ya cargado de polarización, presión mediática y posiciones irreconciliables.

En ese escenario, la consulta deja de ser un mecanismo para fortalecer la democracia y se convierte en una forma de administración del conflicto. Una manera de decir: que decida alguien más lo que políticamente resulta incómodo decidir desde el poder.

Este fenómeno no es exclusivo de la tauromaquia. Responde a una tendencia más amplia en la forma de gobernar: la sustitución de la decisión política por procesos permanentes de consulta, foros, mesas de diálogo, encuestas o ejercicios de participación que, en muchos casos, no necesariamente desembocan en decisiones claras, sino en la dilución del costo político.

La lógica es simple y al mismo tiempo reveladora: si decidir implica desgaste, entonces se diseñan procedimientos donde la decisión se fragmenta, se comparte o se difiere. Así, el acto de gobernar se desplaza del terreno de la responsabilidad al terreno de la gestión del consenso.

El problema es que gobernar no es solamente escuchar. Escuchar es una parte del proceso, pero no lo sustituye. La función pública también exige jerarquizar intereses, tomar decisiones difíciles y asumir las consecuencias de esas decisiones, incluso cuando no son populares.

Cuando ese componente se debilita, el riesgo no es menor. Se construye una forma de gobernabilidad basada en la consulta permanente, pero no necesariamente en la resolución efectiva de los problemas. Se escucha mucho, se discute mucho, se pregunta mucho, pero se decide poco o se decide tarde.

La discusión sobre la tauromaquia, en ese sentido, es solo un espejo. No revela únicamente una división social sobre un tema cultural, sino algo más profundo: la manera en que se está entendiendo hoy el ejercicio del poder. Un poder que, en muchos casos, parece más preocupado por administrar el costo de sus decisiones que por tomar decisiones con claridad.

Al final, la tauromaquia seguirá generando posiciones encontradas y debates legítimos. Pero el punto de fondo no está únicamente en el tema, sino en lo que el tema revela. La política contemporánea está desarrollando una habilidad particular: abrir procesos para no cerrar conflictos, consultar para no decidir y diluir responsabilidades para reducir el desgaste.

Y en ese tránsito, el poder corre el riesgo de volverse algo distinto a lo que debería ser. No un espacio donde se decide, sino un espacio donde se administra la postergación de las decisiones.