Para exigir que se les permita trabajar a un 30 por ciento de aforo, propietarios de giros rojos mantienen tomada la presidencia municipal de Tula; impiden el acceso de los funcionarios públicos de la alcaldía, a quienes dijeron que, laboren o no, la ciudadanía paga su sueldo.
Los comerciantes advierten que no se retirarán ni permitirán la entrada de los trabajadores del ayuntamiento hasta que no les dé la cara el alcalde Gadoth Tapia Benítez, a quien critican por exceder su hora de entrada al Palacio de Gobierno, puesto que debería de estar en su centro de labores desde minutos antes de las 8:00 horas.
Con pancartas en mano, indican que llevan cuatro meses sin trabajar y por lo tanto sin percibir ingresos, los que refirieron también son esenciales para sus familias.
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Expresaron que, de cada bar, antro, cervecería o giro rojo dependen al menos 20 familias, las cuales están sin alimento por “la cerrazón de las autoridades”, que les impide subir sus cortinas pese al cambio de semáforo epidemiológico desde la semana pasada de rojo a naranja.
Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende
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La jueza conciliadora del segundo turno de la Secretaría de Seguridad Pública de Tula, Anarika Torres Rosas, reveló que, a consecuencia del confinamiento ciudadano a causa del coronavirus, la violencia contra mujeres y niños en la demarcación incrementó 50 por ciento.
La funcionaria señaló que esto se debe a que esos sectores son los más vulnerables del hogar y que el maltrato deriva de la sobreconvivencia que hay en casa, aunque puntualizó que para estas alturas de la contingencia ya la gente no se queda en sus viviendas, aunque la violencia se mantiene.
