Mucho se ha hablado y analizado en estas últimas semanas sobre un posible escenario de reforma electoral. Sabido es que el Ejecutivo Federal mantiene una agenda muy clara en materia político-electoral y reflejo de ello, ha sido su iniciativa de reforma a la Constitución en este tema.
Sin duda, una propuesta de este tamaño debe interesar a toda la ciudadanía, instituciones del Estado y partidos políticos; me parece hasta este momento que así ha sucedido. Se habla de los escenarios que traería una reforma electoral y es especialmente bueno que se haya dicho que una modificación a las reglas electorales que cuidan nuestra democracia requiere ineludiblemente de la escucha, la participación y el consenso de todas las partes involucradas; que se escuche el lado político pero también el lado técnico, ese lado que ha permitido mantener pese a los cambios y la desconfianza, procedimientos transparentes en la forma en la que se organizan las elecciones en México.
Pero hablemos ahora sobre la importancia que, en este entramado de instituciones e ideas de reforma, juegan las instituciones electorales tanto administrativas nacionales y locales (el Instituto Nacional Electoral y los 32 Organismos Públicos Locales Electorales), como jurisdiccionales (el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los 32 Tribunales Electorales Locales).
Indispensable resulta un análisis serio y objetivo de estas 66 instituciones del Estado Mexicano que han coadyuvado, en gran medida, en las últimas tres décadas a un enorme proceso de transiciones y transmisiones de poder entre distintos partidos e ideologías políticas en un ambiente de paz social.
Pocas democracias latinoamericanas tienen un sistema electoral tan robusto como el mexicano, con procesos democráticos sí muy competidos, pero con árbitros electorales que han resistido las tormentas y vendavales políticos como los que hoy vivimos en nuestro país.
Nuestro reto principal es seguir siendo el ancla de nuestra democracia, entregar resultados confiables a la ciudadanía a través del profesionalismo de sus integrantes, darles a las personas la confianza de que sin importar las presiones que del exterior pudieran generarse, el árbitro electoral actuará con las razones jurídicas para defender y cumplir la Constitución.
Hoy, México cuenta con una nueva generación que ha normalizado ver y vivir la transmisión pacífica del poder público gracias a procesos electorales con alto rigor técnico, lo cual no sería posible sin autoridades electorales independientes y profesionales. Nuestra responsabilidad ante la historia es salvaguardar esa normalidad.
Es un privilegio ser parte de las instituciones electorales del Estado Mexicano, pero serlo en estos tiempos es un orgullo.
Guillermo Corrales
