Durante nuestra educación básica y media superior, nos enseñaron los mecanismos para la creación de las leyes, quiénes las hacían y, sobre todo, se hacía un especial énfasis en la obligación que teníamos de respetar y cumplir la ley.
Con independencia de lo que decidiéramos estudiar después, en esta educación inicial se nos inculcaba el respeto por las reglas, por la ley entendida como el requisito indispensable para vivir medianamente en un ambiente social que nos permitiera desarrollarnos.
Hasta ahí, todo bien; el problema surge cuando el diseño de una norma no se integra a una realidad social, cuando lo determinado por las y los legisladores obedece más a una postura política que a cubrir una necesidad social o a garantizar de manera efectiva un derecho humano.
Aquí viene la importancia de la eficacia de la ley, que no es otra cosa que la capacidad de una norma de poder ser aplicada plenamente para que cumpla con su objetivo, con su propósito; es decir, su aplicación. Seamos o no estudiosos o conocedores de las leyes, alguna vez oímos la frase “esto es letra muerta”, que significa que por mucho que una disposición se encuentre en una ley, si esta no puede ser aplicada en la realidad, no sirve para nada.
Tengamos siempre presente que las leyes y las reglas del juego deben ser cumplidas; las autoridades de cualquier ámbito estamos obligadas a garantizar ese respeto y eventual cumplimiento a una norma, sin embargo, esta debe de contener las características necesarias para hacerla posible.
En materia electoral en nuestro estado, estamos ante una oportunidad que no se nos presentaba desde 2017, que es tener el tiempo necesario y suficiente para entrar a un análisis de nuestra normatividad local. Un marco legal suficiente y basado en la experiencia y los principios democráticos garantizará la organización de procesos electorales más eficientes y aún más cercanos a la ciudadanía.
Esta responsabilidad recae sobre quienes participamos en la vida pública y en particular en el servicio público, ya que en la medida en que tengamos leyes viables, posibles y sobre todo eficaces, la ciudadanía participará en los procesos democráticos a los que sean llamada.
Que en el diseño de toda normatividad de cualquier jerarquía esté primero su aplicabilidad y el interés ciudadano. No se nos olvide el déficit de credibilidad ciudadanía de la que aún adolece la vida pública.
La democracia se construye desde lo local y en conjunto con la ciudadanía y nuestros principios constitucionales.
