Desde el pasado 4 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) goza de una renovación en su órgano máximo de dirección, que es su Consejo General. En 2014, cuando el legislador crea el sistema nacional de elecciones con el propósito de estandarizar los procedimientos a través de los cuales se organizan todas las elecciones del país, determinó que el órgano rector de ese sistema nacional sería el recién creado INE, resultado de la transformación del otrora Instituto Federal Electoral (IFE).
Por tanto, la renovación del Consejo General (incluida su presidencia) no es cosa menor, por eso, la Constitución prevé un procedimiento de elección de las personas que ocupan el cargo de las consejerías electorales, con características específicas, que suceden en el seno de la Cámara de Diputados.
De todas ellas, muchas destacables, entró por primera vez en escena la insaculación para la designación de las cuatro consejerías electorales que fueron renovadas, y así, lograr la elección de las personas que ocupan ya los cargos de consejera presidenta, así como de consejeros electorales. Esta cuestión sí está contemplada en la propia Constitución, en la base V de su artículo 41.
Esta previsión constitucional garantiza la integración del Consejo General del INE, aun sin que hubiere un consenso o acuerdo entre las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados para lograr los votos de las dos terceras partes de las personas diputadas presentes, cuestión que aconteció.
Con esto, el “arte” contemporáneo de la suspicacia respecto del grado de independencia de las personas seleccionadas en las cuatro consejerías vacantes ha inundado el debate público, con afirmaciones sin un sustento serio, con sospechas o conjeturas a partir de visiones políticas o simplemente desde la desconfianza de la que lamentablemente goza la vida pública de nuestro país.
Desde toda esta perspectiva, creo que debemos considerar que las personas designadas tienen capacidad y experiencia probada para el digno desempeño de su función constitucional, además de que provienen de un procedimiento de selección – sin duda mejorable – pero legal y público; sus notas curriculares son ya muy conocidas y sus trayectorias en el servicio público han sido por demás analizadas. Ojalá los grandes cargos públicos –salvo los de elección popular– tuvieran los procesos de selección que tienen los de los árbitros electorales de todos los niveles; la función pública sería un lugar más serio y confiable.
Bueno pues, así es como el INE logró renovar su Consejo General para afrontar los enormes retos que tiene enfrente. A la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y a los consejeros electorales Rita Bell López Vences, Arturo Castillo Loza y Jorge Ventura Montaño, mis mejores deseos de éxito en esta extraordinaria oportunidad de vida.
Que su designación sea para bien del INE, del sistema nacional de elecciones y especialmente de la democracia mexicana, que tanto requiere desempeños patriotas.
Guillermo Corrales | Consejero del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
