¡Sí, protesto!
Cuando tomamos un encargo en la función pública, con el brazo estirado al frente, muchos de nosotros hemos mencionado estas palabras con emoción luego de escuchar la pregunta sobre si respetaremos y haremos respetar la Constitución que nos rige como nación.
Sin embargo, no son muchos los cargos en la función pública en donde se requiere hacer esta protesta de ley que funge en la práctica como un juramento a la Constitución, pero sí se requiere en todos aquellos cargos del servicio público que entrañan una cierta trascendencia debido al tipo de autoridad que el Estado mexicano deposita en quienes tenemos ese alto honor.
En el Espacio Abierto de hoy quiero resaltar el porqué de este juramento legal y empezaría por señalar que, salvo ciertos cargos de órganos autónomos, el aparato del servicio público, especialmente en los poderes ejecutivo y legislativo tiene, en la mayoría de los casos, un origen político cimentado en algún partido o ideología política; circunstancia normal y sana en una democracia moderna; en otras palabras, la ideología del poder constituido nace en la arena política.
Ahí la importancia de que una persona candidata, junto con su ideología política, al acceder al cargo se sujeten y subordinen a la Constitución, puesto que, en un Estado moderno, en una democracia sana, Constitución mata ideología política, siempre, ¿la razón?, la Constitución es el documento que rige la vida pública del país, sus reglas, derechos y obligaciones, con independencia de nuestra preferencia ideológica, sexual o política, además de que, – como es en el caso mexicano – la Constitución nace a partir del consenso y se ha ido modificando, al menos desde los últimos 30 años también desde el consenso, no desde la imposición.
Entonces, hacer jurar la Constitución a quienes el Estado mexicano nos delega una autoridad determinada para tomar decisiones entraña una responsabilidad histórica. Las personas que servimos en el ámbito público debemos conducirnos bajo ese juramento, por encima de las ideologías políticas, por encima de las presiones que se pudieran ejercer.
Lo que hemos visto en nuestro país en los últimos meses en el ámbito legislativo federal, especialmente durante el proceso de reforma a las leyes secundarias en materia electoral, nos debe llevar a una reflexión y análisis sobre el papel que han desempeñado nuestras legisladoras y legisladores.
Como sociedad tenemos la obligación de observar a qué intereses responden nuestros representantes populares, en todas las materias. Lo ideal, es que, como ya se refirió, las personas servidoras públicas respondan a la Constitución por encima de las ideologías políticas.
Y a quienes no lo hicieren así, que el pueblo y la historia se los demanden.
