Conforme la Procuraduría General de Justicia realiza su trabajo, se desnuda a cada momento el cinismo de alcaldes y funcionarios estatales que mediante organizaciones criminales lograron estafar a una de las entidades más empobrecidas del país.
Dentro de los últimos recuentos del encargado del despacho de la PGJEH, Santiago Nieto, tan solo el robo cometido por presidentes municipales podría alcanzar los 2 mil 100 millones de pesos, mientras continúan las indagaciones.
El envejecido sistema político, generado desde el seno del Partido Revolucionario Institucional, y que administró los recursos públicos en los últimos 93 años dio de sí, sus gerentes terminaron por retorcerle el pescuezo a la gallina de los huevos de oro y las consecuencias se han convertido en noticia de todos los días.
Ya resulta ominoso tratar de encubrir a los que participaron en estos robos en despoblado, que de forma sistemática nos colocaron como una de las entidades con mayores índices de hambre en el país.
El discurso oficioso del Ejecutivo convencía a los diputados con su efecto “mareador”, o quizá de complicidad, al ser aprobadas a pie juntillas las promesas que se renovaban, como aquella de cumplir un “control efectivo de los posibles actos de corrupción”.
Lo que debería ser una actitud y característica propia de un servidor, aquí tenía precio. Los diputados autorizaron gastar 113 millones 212 mil 765 pesos, para “reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas”, como parte de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas”.
Además, se mantuvo una Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo que tenía asignado un presupuesto de 5 millones 942 mil 805 pesos, junto con una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción con una dote de 9 millones 253 mil 151 pesos.
Fueron más de 128 millones de pesos los dedicados este año a combatir la corrupción y, por supuesto, las cuentas que indaga la procuraduría desentrañan operaciones insospechadas que sin duda representarán más y más dinero robado.
La actitud blandengue y permisiva de los diputados locales, pese a ser abanderados de la Cuarta Transformación en su mayoría, cerraron los ojos ante el desastre económico que causaban los funcionarios estatales.
Su desconocimiento en materia legislativa ha quedado más que plasmado en las refutaciones que les han hecho distintas instancias nacionales y federales, pero la honestidad, esa no necesita escuela ni instructivo.
Al menos 13 municipalidades tendrán que cambiar a sus presidentes, por la simple y sencilla razón que los actuales están acusados de rateros, y ahora, tal parece, existe una procuraduría que los está investigando y los va a entregar a un juez, quien está comprometido a meterlos tras las rejas sin miramientos.
Y junto a ellos, deberían ser encerrados los diputados que no quisieron ver las omisiones de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), junto con los colocados en la cima de las decisiones financieras.
El antiguo sistema ya está desfondado por la podredumbre cultivada en los últimos años, sin embargo, todavía existen adalides que recorren los pueblos pretendiendo levantar a los muertos para recuperar el poder perdido.
Sin duda, son miles de millones de pesos los que tendrán que regresar a las arcas públicas y muchos señoritos tendrán que pisar la cárcel, sobre todo ahora que ya nadie los conoce.
NIMIEDADES: El magistrado Arturo Nahle García, amigo y excolaborador de Jesús Murillo Karam, lo salió a defender para que lleve un proceso en casa por su condición, sin embargo, levantó la polvareda de acusaciones en su contra por encubrir la tortura.
