Gobernadoras y gobernadores de Morena y aliados exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE) reconsiderar su decisión de aplazar indefinidamente el ejercicio de revocación de mandato.
En un pronunciamiento público, los mandatarios plantearon la necesidad de que el órgano electoral garantice la democracia a diario y no solo cada seis años.
Sin referirse a la polémica sobre los recursos públicos para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato, los morenistas criticaron la decisión.
“El INE atenta contra los derechos políticos consagrados en la Constitución, pareciera que a algunos de los consejeros les resulto más fácil explicar ‘por qué no’ realizar el ejercicio que encontrar ‘cómo sí’ poder garantizarlo”, indica el manifiesto.
El pasado viernes, el Consejo General del INE determinó aplazar indefinidamente el ejercicio de revocación de mandato, programado originalmente para el 10 de abril de 2022.
El argumento central de las autoridades electorales fue que no cuentan con el presupuesto para llevar a cabo el ejercicio, luego del recorte a su gasto para el año entrante de casi 5 mil millones de pesos.
El INE contemplaba 3 mil 800 millones de pesos para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, pero solo cuenta con mil 275 millones.
El exhorto fue firmado por 18 gobernadores y gobernadoras, incluida la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como los gobernadores aliados de Morelos, Cuauhtémoc Blanco (PES), y de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo (PVEM).
“Rechazamos los argumentos que buscan impedir el libre ejercicio del derecho a la democracia de las y los mexicanos.
“La decisión del INE no solo va en contra de lo dispuesto por la Suprema Corte, sino que atenta contra derechos políticos consagrados en la Constitución”, manifestaron los firmantes.
El dirigente de Morena, Mario Delgado, demandó a la Cámara de Diputados, donde tienen mayoría de legisladores, iniciar juicio político contra seis de los 11 consejeros del INE que votaron a favor del aplazamiento de la revocación por considerar que violan el artículo 29 de la Constitución.
“Es inédito en nuestro país que, por la vía administrativa, se pretenda cancelar un derecho político, esto es materia suficiente para que la Cámara de Diputados llame a juicio político a consejeras y consejeros”, expresó Delgado.
Staff l Agencia Reforma
