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Reparten contratos exmandos de la PGR


 

Los funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco, Baja California y Sonora, que firmaron contratos con la empresa Kouro, propiedad de los hijos de Jesús Murillo Karam, estaban en la nómina de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) cuando este fue su titular.

Las obras, que en total sumaron casi 7 millones de pesos, fueron entregadas de forma directa, sin licitación, entre el 23 y 25 de junio de 2020.

Victorino Porcayo Domínguez, delegado de la FGR en Baja California, firmó un contrato con Kuoro Desarrollos y Concretos San Cayetano por 2 millones 393 mil 721 pesos para el mantenimiento de inmuebles de la dependencia, de acuerdo con el documento signado por el titular, con fecha del 24 de junio de 2020.

Antes de este cargo, fue subprocurador de justicia de 2014 a 2015 en la delegación de la entonces PGR en Michoacán.

También participó en esta contratación el responsable de adjudicaciones y ejecución de trabajos de la dependencia, Enrique Piña Tafoya. Él trabajó en la PGR desde 2005 y durante el periodo de Murillo Karam fue subcoordinador de Servicios Especializados.

Un día antes, el 23 de junio, la delegación en Jalisco de la FGR también contrató a Kouro por 2 millones 390 mil 689 pesos, para obras de mantenimiento.

Mauricio González Pedrozo, el encargado del Despacho de la Subdelegación Administrativa, fue uno de los funcionarios que hizo la contratación.

Desde 2013 y hasta el día de hoy, él se encarga de las licitaciones y adjudicaciones de contratos en la FGR, de acuerdo con su declaración patrimonial pública reportada en el sitio Declaranet.

En Sonora, Angélica Yecenia Ballesteros, la actual subdelegada administrativa en la FGR en el estado, tomó ese cargo cuando Murillo estaba al mando de la PGR, en 2014.

Ella fue quien firmó un contrato por 2 millones 151 mil 887 pesos con Kuoro el 25 de junio de 2020.

El trabajo que hace Ballesteros desde su nombramiento consiste en revisar el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales, primero en la PGR y ahora en la Fiscalía.

 

 

Vanessa Cisneros I Agencia Reforma

 

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