Por presunto despido injustificado, pagará Tula 6.4 mdp a nueve policías

Los uniformados demandantes no pasaron los exámenes de control y confianza; pese a ello, ganaron el caso

Imagen: Miguel Martínez
 
Hace (15) meses
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Imagen: Por presunto despido injustificado, pagará Tula 6.4 mdp a nueve policías

Por no aprobar el examen de control y confianza, 65 exagentes de Tula fueron despedidos durante la administración anterior

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El ayuntamiento de Tula debe pagar a la brevedad posible más de 6 millones 427 mil pesos a nueve expolicías que fueron despedidos entre 2021 y 2022 por no contar con sus exámenes de control de confianza correspondientes, informó el coordinador jurídico de la alcaldía, Fernando Larios Sánchez.

El encargado de la defensa del municipio dijo que la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP) no defendió los intereses del municipio o utilizó argumentos “muy débiles” para tal efecto, por lo que, irremediablemente, se perdió contra los exagentes.

Puntualizó que, en su momento, ni la sindicatura jurídica del ayuntamiento ni la coordinación jurídica de la alcaldía tomaron el caso, porque a ninguna de estas instancias le corresponde: “Únicamente la comisión de Honor y Justicia de la SSP, pudo llevar el caso, el asunto es que no lo hicieron bien”.

El despido en la alcaldía de Tula sí fue justificado, asegura el jurídico

El convenio fue aprobado por el ayuntamiento este martes | Foto: Miguel Martínez
“Únicamente la comisión de Honor y Justicia de la SSP, pudo llevar el caso, el asunto es que no lo hicieron bien”, dijo el asesor jurídico | Foto: Miguel Martínez

Indicó que, pese a que los despidos de más de 60 policías de la SSP de Tula, que se hicieron entre 2021 y 2022, se efectuaron de manera justificada, porque los exagentes no contaban con sus acreditaciones correspondientes para poder ser guardia de seguridad, los expolicías demandaron y ganaron, porque el municipio no fundó que el despido fuera justificado.

Debido a la secrecía de la información y de los datos personales de los demandantes, el C3 no le proporcionó los controles de confianza reprobados al área jurídica de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría, por lo que no se pudo demostrar que el cese fue legal y no injustificado”, externó.

El coordinador jurídico sostuvo que se debían pagar inmediatamente los 6.4 millones de pesos a los exagentes, porque se encontraban en el límite de tiempo para tal efecto, antes de que la cantidad aumentara a 7 millones 444 mil pesos (por sueldos caídos). Al final, el punto fue aprobado.

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