Antes de aprobar el cambio de sede de la base de la Guardia Nacional (GN), de la comunidad El Carmen a El Llano segunda sección, los regidores de Tula, Alejandro Álvarez Cerón, Araceli Rivera Díaz y Ricardo Baptista González, pidieron evaluar el costo-beneficio de contar con la corporación en el municipio, si se toma en cuenta el escenario de inseguridad que se vive en la demarcación.

El primero, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que en el nuevo domicilio el municipio tendrá que pagar 127 mil 200 pesos mensuales por 19 habitaciones, con cuatro camas, lo que hace una suma de más de un millón 526 mil pesos anuales, “cantidad enorme para los resultados que hay”.

Por su parte, Araceli Rivera coincidió con su compañero tricolor, por lo que pidió que los resultados de la presencia de la GN en la demarcación pudieran verse mayormente reflejados en beneficio de los tulenses, porque —sostuvo— “sí es un gasto mayúsculo y no vemos resultados”.

Ricardo Baptista, también expresidente de la Cámara de Diputados local, indicó que actualmente persisten altos grados de inseguridad en Tula y que sí es necesario evaluar qué estaba pasando con la GN en el municipio: “Se deben pedir informes”.

Al margen de la mesa de trabajo, en entrevista, el alcalde Manuel Hernández Badillo dijo que, aunque coincidía en algunos aspectos con sus compañeros de Asamblea, la GN cuenta con su apoyo, porque si se van del municipio, “al rato dirán que la inseguridad aumentó por haber corrido a la Guardia”.

Miguel Ángel Martínez I Tula de Allende