Lo atribuyó a un bono anual de 200 mil pesos que, en 2024, se ofreció a cada integrante del Ayuntamiento

Pedro Hiram Soto Márquez, síndico procurador hacendario de Tulancingo denunció un posible desfalco al erario
Denuncias ante el Órgano de Control Interno, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría estatal, interpuso el síndico procurador hacendario de Tulancingo, Pedro Hiram Soto Márquez, por probable peculado en contra de la presidenta municipal, Lorena García Cázares, el titular de la Secretaría Particular, Fernando Vital Licona, y quienes más resulten responsables.
Anunció lo anterior en conferencia de prensa y lo atribuyó a un bono anual de 200 mil pesos que el 17 de diciembre de 2024, un “enviado” de la alcaldesa ofreció a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento, para apoyos sociales, gestión o como aguinaldo.
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Tras asegurar que rechazó tal oferta, indicó que, a inicios de 2025, se enteró de que algunos regidores ya recibían dicho bono, pero lo tenían que hacer a través de terceras personas.
Ese mismo año, cuando le turnaron la documentación para la firma de la Cuenta Pública 2025, se percató de que a través de la Partida de Apoyos y Ayudas a la Población 441001, de la Secretaría Particular, se entregaba el bono. “Esto de manera totalmente ilegal, opaca y en contravención a la correcta aplicación de recursos públicos, pero sobre todo distrayendo de su objetivo recursos de la administración municipal”.
Subrayó que, entre las principales anomalías detectadas, está la falta de estudio socioeconómico de los beneficiarios; no se especifica número telefónico en un número importante de ellos; entrega del apoyo a personas con domicilio fuera de Tulancingo, sin la respectiva evidencia fotográfica y en un lugar distinto a la presidencia; además de que varios laboran en la alcaldía.
De acuerdo con el síndico hacendario, el quebranto al erario municipal podría llegar a una cantidad cercana a los 4 millones de pesos anuales; es decir, en tres años el presunto desfalco representaría cerca de 12 millones de pesos.

Puntualizó que detectó 11 domicilios que concentran 38 apoyos entregados; entre los beneficiarios existen seis con domicilio en Santiago Tulantepec, tres en Cuautepec Hinojosa, uno en Pachuca y dos más en los estados de Guanajuato y Tabasco.
Aunque evitó mencionar nombres, señaló que existe evidencia de que siete integrantes del órgano edilicio reciben el bono e insistió en que esta forma de operar se ha convertido en un medio para sustraer y desviar recursos públicos de manera sistemática, opaca, irracional, ineficiente y sin criterios definidos para otorgar los apoyos, lo que convierte a la citada partida en “una caja chica” de la Secretaría Particular.
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