Pese a las normas vigentes, imperan usos y costumbres en San Salvador

San Salvador es un municipio en el que sus 46 comunidades son consideradas indígenas, por lo que se rigen bajo usos y costumbres propios, normas internas de autogobierno que les permiten organizarse para trabajos de interés colectivo; sin embargo, estas rebasan temas de legalidad, han reconocido autoridades municipales.

De acuerdo con el alcalde, Armando Azpeitia Díaz, los usos y costumbres requieren ser normados, con el objetivo de que estos mecanismos no transgredan los derechos humanos.

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“Tenemos comunidades en donde la vitalidad de la lengua hñähñü es muy fuerte, la vitalidad de nuestros pueblos indígenas es muy fuerte y los usos y costumbres son muy arraigados, que no los tienen municipios como Actopan, que no los tienen municipios como Pachuca o Progreso”, señaló.

Recordó que el año pasado, durante junio, se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo para actualizar el Bando de Policía y Gobierno, pues el anterior tenía un rezago de 10 años; un mes después de presentar el anteproyecto, el 14 de agosto de 2023, el nuevo bando fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).

“Ya no estaba a la estatura de los tiempos”, debido a las problemáticas actuales de la demarcación, refirió.

Son decenas de casos en los que se ha pedido la intervención del Cabildo, el más recurrente es en el que los lugareños usan el servicio del agua potable como principal recurso de presión social para la aplicación de sanciones arbitrarias, basadas en las formas de autogobierno de las comunidades indígenas, por lo que el Bando de Policía es “letra muerta”.

Aunado a ello, está la retención de funcionarios municipales, de regidores, los cierres carreteros, entre otros mecanismos de presión social asumidos en asambleas comunitarias, votados a mano alzada. Normalmente, estas medidas se aplican sin importar la afectación que se causa a la mayoría de la sociedad.

Caso Xuchitlán, ¿impunidad?

En la comunidad Xuchitlán, en meses pasados, el exsecretario municipal Diego Bruno fue detenido junto con otras personas de la localidad por hechos registrados en 2022, cuando una persona fue despojada de sus propiedades, secuestrada y exiliada.

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Hasta ahora, el afectado, Lorenzo Mejía, quien procedió legalmente contra los responsables de la aplicación de estos usos y costumbres, no ha logrado recuperar sus derechos en su comunidad de origen y el caso aún no ha sido solventado, pues los responsables recuperaron su libertad.

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