En la región Huasteca, las mujeres víctimas de violencia difícilmente pueden acceder a la justicia, pues las instituciones juzgan sin perspectiva de género, externó Guadalupe Azuara, integrante de la colectiva feminista Tetik Siautl.

De acuerdo con la activista, en las agencias del Ministerio Público de la región no laboran bajo dicha herramienta conceptual y en ocasiones revictimizan a las féminas, porque no les creen o hasta las culpan de lo que les sucedió.

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“Hay protocolos que son insuficientes, como cuando le dan su cartilla de derechos (a la víctima), ¿cómo una mujer, que viene después de haber sido violada, se va a detener a leer y firmarla? Debemos ser más empáticos y con sentido común”, refirió.

Indicó que la revictimización es porque no le creen o le echan la culpa; por lo tanto, —señaló— si no tienen una atención agradable, la gente deja de dar seguimiento a la denuncia o decide no hacerlo.

Explicó que el problema no es solo denunciar, sino darle el seguimiento, que “es lo tortuoso” y que implica revivir todos los procesos que ocurrieron, así que las víctimas prefieren desistir en la denuncia, porque hay problemas de esa índole, incluso de persecución: “A quién acudir, si se supone que quien brinda seguridad es la persona que le falta”.

“Las instituciones no garantizan ese acceso a la justicia, es lo principal que quiero poner en la mesa, porque las cosas tienen que cambiar, pero es clave para que se tenga justicia a todas las personas”, expresó.

Violentadores, en el poder

Aunado a ello, están las cuestiones culturales y sociales que inciden sobre los impartidores de justicia, y en caso de que sea una mujer la que atienda o lleve el caso, “no las dejan hacer su trabajo”.

Ejemplo de ello —indicó— es que sigue la penalización social del aborto o como les sucedió en un caso de violencia digital, del cual no pudieron abrir una carpeta de investigación ante el Ministerio Público “por la naturaleza” del delito: “Dimos muchas vueltas, la chica se cansó, ya no quiso denunciar y el caso se cerró”.

Manifestó que, en ocasiones, las víctimas desisten porque los procesos son tardados y costosos, pues implica desembolsar una parte del dinero para pedir justicia. “Si quieren denunciar, tienen que ver el asunto al menos por año y medio, por lo que a la denunciante se le olvida o no se le da seguimiento”.

Lamentó que muchos casos de violencia quedan impunes, porque las autoridades siguen juzgando sin perspectiva de género.

“Podrán tener muchos diplomas, pero la realidad es que la atención a la usuaria sigue carente de perspectiva de género; la gente que toma decisiones es violenta, no podemos tener violentadores en el poder, hay que cambiarlos”, expresó.