A pesar de que el gobierno estatal actuó como mediador para alcanzar un convenio que permitiera su regreso, las condiciones pactadas no se han cumplido

Las personas fueron desplazadas por un conflicto religioso hace seis meses | Foto: Salomón Hernández
A seis meses de haber sido desplazados de sus hogares por un conflicto de intolerancia religiosa, 151 vecinos de las comunidades Coamila y Rancho Nuevo, en Huejutla, continúan viviendo en condiciones de hacinamiento e incertidumbre en el auditorio de la unidad deportiva de Colalambre.
El pastor Rogelio Hernández Baltasar, de la Iglesia bautista fundamental La Gran Comisión, explicó que, a pesar de que el gobierno estatal actuó como mediador para alcanzar un convenio que permitiera su regreso, las condiciones pactadas no se han cumplido. Aunque se firmó un compromiso, los líderes comunales no han respetado los acuerdos, lo que imposibilita el retorno seguro de los desplazados.
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“Estábamos preparando el regreso, pero vimos que querían poner nuevas condiciones y además detectamos daños, como dos Rotoplas que fueron destruidos a machetazos y la falta de agua del pozo”, comentó Hernández. Además, denunció que el suministro de electricidad fue reconectado solo hasta los medidores, pero no hacia los hogares, lo que ha empeorado su situación.
El pastor acusó a los líderes de las comunidades de Huejutla de estar motivados por intereses económicos, por lo que el dinero es el principal obstáculo para resolver el conflicto. Según testimonios de los afectados, las condiciones para su regreso incluyen restricciones como no permitir que su culto tenga más miembros, prohibir visitas de personas externas y limitar el ruido durante las ceremonias religiosas. “¿Entonces dónde está la libertad?”, cuestionó Hernández.
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Por su parte, María Concepción Hernández Hernández señaló que los desplazados no han recibido atención médica gubernamental, lo que ha agravado su situación, y denunció que solo reciben atención de otras asociaciones religiosas.
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