Cerrará Zimapán administración sin resolver laudos laborales
El pleito laboral es arrastrado desde la pasada administración municipal de Zimapán, pero el fallo a favor de los trabajadores fue en 2023
A poco más de cuatro semanas para que concluya la administración municipal de Zimapán, no se reinstaló a los más de 30 extrabajadores del ayuntamiento, a quienes favoreció un laudo laboral en 2023, ni se les pagó la indemnización que, en total, asciende a 24 millones de pesos.
De acuerdo con exempleados que conforman este grupo de afectados, el gobierno municipal ha recurrido a una serie de amparos para no cumplir con el fallo judicial, tampoco se avanzaron en los acuerdos para la recuperación de sus fuentes de trabajo.
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El grupo de trabajadores se incorporó al ayuntamiento durante la gestión de Carlos Teodoro Ortiz Rodríguez (2012- 2016); sin embargo, fue en el gobierno de Erick Marte Rivera Villanueva (2016-2020) cuando fueron despedidos de forma injustificada y sin liquidación.
Tras ser separados de sus cargos, recurrieron a los tribunales laborales y fue en 2023 cuando se emitió un fallo a su favor, ordenando al municipio pagar los derechos laborales de los trabajadores y reinstalarlos en sus respectivos puestos de trabajo.
El fallo judicial fue definitivo, debido a que el ayuntamiento no accedió a un probable acuerdo; tampoco se dio la posibilidad de la reinstalación. La actual administración ha recurrido a amparos para incumplir, señalan los extrabajadores.
El presente gobierno es encabezado por Alan Rivera Villanueva, hermano del exalcalde Erick Marte, quien presidió el ayuntamiento cuando fueron despedidos los trabajadores.
Heredan alcaldías del Valle del Mezquital inseguridad, laudos laborales y crisis hídrica
El 5 de septiembre próximo los nuevos alcaldes asumirán el cargo, y en el caso del Valle del Mezquital, la mayoría recibirá sus administraciones con problemas sociales, políticos, económicos y en materia de seguridad.
En el caso de Zimapán, Hermilo Trejo recibirá una administración con un problema de más de 30 laudos perdidos, los cuales ya cuentan con sentencia ejecutoria, de los que el municipio debe pagar más de 24 millones de pesos.
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Asimismo, el mayor problema es la escasez de agua potable, pues a pesar de las acciones emprendidas por comunidades y organizaciones, el actual gobierno municipal no lo logró resolver.
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