César Duarte, exgobernador de Chihuahua, preso desde julio en Estados Unidos, pidió a una jueza federal de Miami desechar en su totalidad la solicitud de extradición en su contra para ser juzgado en México por peculado y asociación delictuosa.

La defensa de Duarte presentó el 29 de septiembre la petición formal para desechar el caso, alegando que los diez incidentes de peculado que la Fiscalía General de Chihuahua le imputa a su cliente ya prescribieron, al igual que el cargo de asociación delictuosa.

El Tratado de Extradición México-Estados Unidos prohibe autorizar la entrega de un acusado por delitos que ya prescribieron, de acuerdo a las leyes de cualquiera de los
dos países.

La jueza Lauren Louis dio al Departamento de Justicia hasta el 14 de octubre para responder esta moción.

El gobierno de Chihuahua acusa a Duarte de apropiarse de 96.6 millones de pesos en distintas operaciones, que para la defensa constituyen, cada una, un cargo por peculado, cuya prescripción debe ser analizada de manera individual.

Duarte alega que en siete operaciones el plazo de prescripción según el Código Penal de Chihuahua era de tres años, porque el monto de cada una fue menor a 500 salarios mínimos elevados al año.

De las tres transferencias restantes, cuyo monto excedió los 500 salarios mínimos y por tanto el plazo de prescripción es ocho años, la defensa sostiene que una está prescrita según la norma de Chihuahua, mientras que para las otras dos aplica la la prescripción de cinco años, regla general en la legislación estadunidense.

Víctor Fuentes
Agencia Reforma