Sumida en la peor crisis económica de la que se tiene memoria, con una deuda acumulada de 110 mil millones de dólares y en medio de una batalla de grupos políticos que aspiran a controlar la empresa, a Pemex le vienen semanas cruciales en las que deberá definirse a un nuevo dirigente en el sindicato petrolero y a un nuevo director general.
En el sector de hidrocarburos es bien sabido que en las semanas previas al 18 de marzo –fecha en que se conmemora la expropiación petrolera– se toman las decisiones de importancia para la otrora paraestatal; sobre todo, deben definirse los personajes que subirán al templete para celebrar con el presidente la gran hazaña del general Lázaro Cárdenas.
Desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador ha dado la orden de renovar con anterioridad a esa fecha la dirigencia del STPRM, con miras a eliminar de una vez por todas la influencia de Carlos Romero Deschamps en el organismo sindical, la cual está garantizada mientras permanezca como secretario general interino Manuel Limón Hernández.
Las cosas, sin embargo, parecen no caminar del todo bien en la secretaría que lleva Luisa María Alcalde, donde no han podido diseñar una convocatoria o establecer plazos para la primera elección abierta y democrática. Tampoco han buscado regularizar el liderazgo de Manuel Limón mediante su correspondiente toma de nota.
Esto mantiene al sindicato petrolero en el limbo jurídico, no obstante que sus secciones integrantes y vinculadas con el liderazgo anterior han buscado internamente legitimar la dirigencia del diputado priista Limón Hernández hasta 2024. Hoy él administra y negocia el contrato colectivo de trabajo con la anuencia del director Octavio Romero Oropeza.
Por estas inconsistencias, la disidencia del STPRM acusa un fraude a Petróleos Mexicanos y a las finanzas del país por casi mil 900 millones de pesos durante los últimos 15 meses. La cifra corresponde a las cuotas sindicales entregadas a la irregular secretaría general desde octubre de 2019, mes en el que renunció el entonces dirigente Carlos Romero Deschamps.
Hablamos de cuotas provenientes de descuentos por unos mil pesos mensuales realizados a los salarios de alrededor de 125 mil trabajadores de Pemex, algunos de los cuales se encuentran afiliados a otros sindicatos emanados de la reforma energética de 2015, pero cuyas aportaciones caen en la bolsa del sindicato que acompañó a la petrolera durante los gobiernos priistas.
El gobierno de Enrique Peña Nieto fue el encargado de estirar todo lo posible la legalidad de la dirigencia de Romero Deschamps, con diversos documentos de toma de nota emanados desde las oficinas de los secretarios del Trabajo Alfonso Navarrete y Roberto Campa, pero el apoyo de legalización de la dirigencia se acabó con la llegada de la 4T. Además, los expedientes en contra de Romero Deschamps están más actuales que nunca, sobre todo por lo referente al congelamiento de 48 mil millones de pesos de mexicanos en Andorra, España. El exlíder de Pemex es uno de los principales beneficiarios de esos recursos.
Las tensiones dentro de Pemex alcanzan también a la dirección general, y circulan versiones de que Octavio Romero dejaría la dirección de la petrolera. El movimiento no sería visto como un castigo por los pésimos resultados de la empresa, pues hay interés de que el ingeniero agrónomo vaya al Congreso. La posición podría ser ocupada por alguna de las que se consideran las tres cabezas reales de Pemex: Rocío Nahle, secretaria de Energía; Marcos Herrería, director corporativo de Administración de la empresa, y hasta el coordinador de Asesores de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel.
Mario Maldonado
