En una reciente sesión, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución que impacta directamente en la administración de Nuevo León.
La sentencia, a propuesta de la magistrada Janine Otálora, revocó la designación de José Arturo Salinas como gobernador interino, destacando que esta acción del Congreso local vulneraba la división de poderes al concentrar la titularidad de dos poderes en una misma persona.
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La decisión resalta la facultad del Congreso para realizar la designación del gobernador interino según lo establecido en la Constitución local. La sentencia subraya que el proceso deberá llevarse a cabo de acuerdo con los artículos 118 y 122 de dicha Constitución, y destaca la necesidad de “generar los consensos necesarios” para la elección.
Además, la resolución confirmó la inhabilitación de José Arturo Salinas para ocupar el cargo de gobernador interino, basándose en la prohibición expresa de la Constitución estatal que impide al presidente del Tribunal Superior de Justicia desempeñar otro cargo o comisión en el gobierno de la entidad, incluso mediante la concesión de una licencia.
La sentencia se originó a raíz de un juicio para la protección de los derechos político-electorales presentado por el actual gobernador, Samuel García, quien gozará de una licencia de seis meses a partir del 2 de diciembre para contender por la Presidencia de la República con el respaldo de Movimiento Ciudadano.
A pesar de la unanimidad en la decisión de la Sala Superior, la discusión sobre si el Congreso debería considerar propuestas de perfiles para el cargo generó tensiones. La magistrada Mónica Soto argumentó en contra de sugerir al Congreso que tomara en cuenta las propuestas de los partidos políticos, alegando que esto podría interpretarse como una intromisión en la vida interna del Poder Legislativo local.
Redacción
