Ocho empresas fabricantes y vendedoras de armas pidieron hoy a un juez federal de Boston desechar por improcedente la demanda civil que el Gobierno de México presentó en su contra en agosto pasado, con la que busca hacerlas corresponsables de la violencia en el País.

Firmas como Glock, Barrett Firearms, Sturm Ruger & Co y Colt pidieron al juez Dennis Saylor desechar la demanda con varios argumentos, el principal de ellos, que las cortes federales de Massachusetts no tienen jurisdicción para resolver una disputa por hechos de violencia ocurridos en México con armas manufacturadas legalmente, que en su gran mayoría fueron traficadas desde Texas, California y Arizona.

Las empresas presentaron un memorándum conjunto, y también peticiones individuales, que cuestionan la legitimación de México para iniciar una acción de este tipo.

“La teoría de México es que una serie de terceras personas, intermediarias en Estados Unidos, legal o ilegalmente compran y revenden las armas que fabricamos, que luego son ilegalmente obtenidas por compradores ‘de paja’, quienes ilegalmente las trafican por la frontera hacia México, donde eventualmente son usadas por cárteles de las drogas para cometer violencia criminal, que a su vez provoca daños financieros al gobierno de México”, dice el memorándum conjunto.

“Por múltiples razones, la ley no puede ser estirada sobre este golfo espacial, causal y temporal para imponer responsabilidad (a los fabricantes)”, agrega.

Glock, por ejemplo, enfatiza que la demanda menciona cuatro hechos de violencia en los que se recuperaron pistolas de esa marca, pero ninguna fue vendida en Massachusetts, ni hubo residentes de ese estado involucrados que pudieran justificar la intervención de la Corte de Boston.

Agregó que todos los hechos afirmados en la demanda derivan de acciones de criminales en Estados Unidos y en México, que compran ilegalmente armas en ese país, las contrabandean al nuestro, y las usan para actos de violencia, lo cual no es culpa de las fabricantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que es representada en este litigio por el despacho Hilliard Shadowen, tendrá hasta el 31 de enero para contestar las solicitudes de desechamiento, mientras que los fabricantes tendrán hasta el 28 de febrero para su contra réplica.

México presentó esta demanda para reclamar a las fabricantes de armas el pago de daños y perjuicios, daños punitivos e incluso un porcentaje de sus ganancias, así como múltiples medidas preventivas para evitar el tráfico hacia territorio nacional, donde 70 a 90 por ciento de las armas involucradas en hechos de violencia vienen de Estados Unidos.

Agencia Reforma

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