Instituto Federal de Defensoría Pública: denuncian despido de 43 trabajadoras y señalan hostigamiento
Organizaciones del Poder Judicial denunciaron el despido de 43 trabajadoras sociales del IFDP
El despido de 43 trabajadoras del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) generó una nueva ola de críticas por parte de organizaciones del Poder Judicial de la Federación, que advierten posibles actos de hostigamiento laboral y afectaciones directas al acceso a la justicia en México.
Las denuncias fueron expuestas tras la participación de la magistrada de circuito en retiro y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC), María Emilia Molina, quien señaló que los ceses ocurrieron en un contexto que habría pasado desapercibido durante la reciente agenda pública del país.
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De acuerdo con la información presentada, el caso involucra a 43 trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública, quienes habrían sido separadas de sus funciones en medio de señalamientos sobre condiciones laborales adversas.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) también se pronunció sobre el caso, acusando al Órgano de Administración Judicial (OAJ) de presuntos actos de hostigamiento psicológico y decisiones discrecionales contra el personal afectado.
La organización aseguró haber recibido testimonios que describen un ambiente laboral marcado por la presión y el trato arbitrario hacia trabajadores de distintas áreas operativas.
Instituto Federal de Defensoría Pública: señalamientos por hostigamiento y trato arbitrario
La Jufed indicó que en diversas áreas del sistema judicial se habría identificado un “clima de hostilidad y desprecio a los derechos fundamentales”, atribuido a conductas de mandos superiores del OAJ.
Entre las acusaciones destacan actos discrecionales, hostigamiento psicológico y presuntas coacciones que vulnerarían la dignidad del personal administrativo y de apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública y del propio órgano administrativo.
El organismo es encabezado por Néstor Vargas, quien ha sido señalado dentro del contexto de las denuncias difundidas por la asociación.
Las trabajadoras cesadas realizaban actividades relacionadas con investigaciones socioeconómicas, dictámenes de trabajo social e identificación de condiciones de vulnerabilidad en personas que solicitan defensa jurídica gratuita.
Estas funciones son clave para la atención de mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas indígenas, migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a derechos humanos.
De acuerdo con la AMJAC, la eliminación de este personal especializado representa un debilitamiento directo en la capacidad del Estado para garantizar una defensa adecuada a sectores vulnerables.
La presidenta de la AMJAC señaló que los despidos contrastan con los compromisos establecidos en la reforma judicial, la cual prometía el respeto a los derechos laborales del personal del sistema de justicia.
En algunos casos, se indicó que las personas afectadas habrían perdido incluso su seguridad social, pese a encontrarse en tratamiento médico.
La Jufed, por su parte, exigió que el Órgano de Administración Judicial actúe bajo los principios de legalidad, transparencia y respeto a los procedimientos establecidos.
“La defensa de la justicia comienza desde casa”, señaló la organización en su posicionamiento público.
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