La organización Greenpeace pidió a un juez federal declarar inconstitucional la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada por la Semarnat para el Tramo 5 del Tren Maya, de Cancún a Tulum, Quintana Roo, pues viola los derechos a la información y participación pública en asuntos ambientales.
Greenpeace demandó lo anterior en una ampliación del amparo, con número de expediente 1216/2022, presentada el viernes pasado sobre la violación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional firmado por México sobre protocolos para la protección del medio ambiente para garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
La organización argumentó que la autorización de una MIA provisional para el Tren Maya viola ese acuerdo, pues se iniciaron las obras sin ningún estudio sobre el impacto del polémico tramo que atraviesa la selva y sobre un terreno con cavernas y cenotes.
“La autorización viola el Acuerdo de Escazú y con ello también los derechos al acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia medioambiental. Hay que recordar además que esta obra del Tren Maya comenzó en total ilegalidad, iniciándose las obras deforestando la selva maya sin siquiera una manifestación de impacto ambiental y sin siquiera haber empezado el proceso de evaluación de impacto ambiental”, dijo Viridiana Lázaro, integrante de la organización.
Greenpeace afirmó que la legislación mexicana debe de ajustarse a los artículos 6 y 7 del Acuerdo de Escazú, sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, referentes al derecho a la participación de los ciudadanos y de disponibilidad de información sobre el impacto ambiental.
“Este amparo, además de declarar la inconstitucionalidad de las obras del Tramo 5 del Tren Maya, busca que se reformen leyes y que se sienten precedentes para los proyectos del futuro. Las personas tenemos derecho a obtener información y a participar de ellas si éstas tienen impacto en nuestras vidas”, expuso Luis Miguel Caro, asesor legal de Greenpeace.
La organización solicitó al Congreso mexicano y al Presidente de la República adecuar la legislación local al tratado firmado y que se ordenen medidas de restauración o remediación en el tramo ya afectado.
En conferencia de prensa, el abogado alertó también que el tren, de mil 500 kilómetros en la Península de Yucatán, no sólo tendrá un impacto ambiental sino social con la cantidad de personas que espera transportar y los “polos de desarrollo” previstos, por lo que es necesario respetar la legislación y reprochó el triunfalismo con que este miércoles el Gobierno informó de la revocadas tres suspensiones definitivas.
“Yo noto un triunfalismo de parte de las autoridades, este triunfalismo de la parte política me indigna porque pareciera que estuviéramos haciendo una disputa de cantina, de quién se queda con la renta o algo por el estilo, como si no estuviéramos viendo algo que trasciende a las autoridades, los gobiernos que van y vienen, inclusive a nuestra generación”, afirmó Cano.
Jorge Ricardo Nicolás
Agencia Reforma
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