La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la retirada de una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta decisión se tomó después de que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito rechazara el mandamiento judicial previamente obtenido por la FGR.
Según la información proporcionada por la FGR, García Luna, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, había obtenido un ingreso injustificado de más de 43 millones de pesos mientras ocupaba cargos públicos. Esta suma no estaba reflejada en sus declaraciones patrimoniales y fiscales, lo que llevó a la emisión de una orden de aprehensión en su contra.
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Sin embargo, el tribunal resolvió negar el mandamiento judicial a pesar de contar con pruebas que demostraban el aumento desproporcionado e injustificado en el patrimonio de García Luna. Esta decisión ha llevado a la apertura de un procedimiento legal contra Gerardo Genaro Alarcón López, el juez de distrito que inicialmente negó la orden, así como contra los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez, quienes firmaron la negativa. Se les acusa de actuar en contra de la administración de justicia, violando el artículo 224 del Código Penal Federal.
A pesar de esta retirada de la orden de aprehensión, García Luna enfrenta otras tres órdenes vigentes en México relacionadas con el caso “Rápido y Furioso” y presuntas irregularidades en las concesiones de los Centros Federales de Prevención y Readaptación Social (CEFERESOS).
Actualmente, García Luna se encuentra detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Nueva York, Estados Unidos, tras ser declarado culpable de cinco cargos relacionados con el narcotráfico. Durante su mandato como secretario de Seguridad Pública, se reveló que tenía vínculos con el Cártel de Sinaloa, organización criminal a la que protegía a cambio de sobornos millonarios.
La sentencia de García Luna estaba programada para el 27 de septiembre, pero fue pospuesta para el 1° de marzo de 2024, debido a una prórroga solicitada por la defensa del exfuncionario. Enfrenta una pena mínima de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua por estos cargos. Es importante destacar que este proceso en Estados Unidos es independiente de las órdenes de aprehensión emitidas en México.
Redacción web
