El Poder Judicial de Morelos advirtió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estará en una situación de “nula operatividad” debido a la reducción de su presupuesto, bajo la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco.
Esta semana, el Poder Judicial impugnó ante la Corte la disminución en sus recursos, que quedaron en 523 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos estatal para 2019.
Ese monto significa una reducción nominal de 14.3 por ciento respecto a los 610 millones autorizados para 2018.
“Con esta disminución no se alcanza a cubrir ni los salarios de los trabajadores durante el año, mucho menos se tiene dinero para la operatividad del Poder Judicial, como el pago de luz, agua, telefonía, papel, cartuchos de impresión y mantenimiento de muebles e inmuebles”, advirtió en su controversia constitucional.
El Poder Judicial de Morelos había solicitado 672 millones de pesos para 2019, pero en la demanda se acusa al gobernador de haber reducido este monto en 149 millones –sin tener facultades para ello– en el proyecto de Decreto que se envió al Congreso local. También se alega que la Constitución de Morelos le garantiza al Poder Judicial el 4.7 por ciento del gasto programable del estado, pero lo autorizado para este año es sólo el 2.1 por ciento.
El ministro Juan Luis González Alcántara admitió, el viernes, la ampliación de controversia, pero negó una suspensión para obligar al Congreso estatal y al gobernador a que, por lo menos, entreguen al Poder Judicial de Morelos los mismos recursos que en 2018.
González Alcántara afirmó que, de conceder la suspensión, le estaría dando la razón por adelantado al Poder Judicial y dejaría sin efectos un Presupuesto que ya fue aprobado y publicado.
“Dígase al Poder Judicial actor que, de estimar que se encuentra en una situación de merma presupuestal, tiene a su alcance la posibilidad de hacer las adecuaciones respectivas”, resolvió el ministro.
El Poder Judicial morelense puede impugnar la negativa de suspensión mediante una reclamación ante una de las Salas de la Corte, que tomaría varias semanas para resolver.
Si no obtiene la suspensión, la controversia le servirá de poco, pues el Pleno de la Corte no tiene plazo para resolver el fondo del asunto y determinar si la reducción presupuestal violó las reglas de la Constitución federal sobre autonomía judicial.
Víctor Fuentes I Agencia Reforma
