La voz de la comisaria de la comunidad El Durazno, Azucena Rosas García, se escucha con miedo y coraje: “Estamos analizando si nos vamos del pueblo, porque aquí el gobierno no puede con los delincuentes, que nos siguen amenazando de muerte”.

Cuatro días después que integrantes de un grupo armado, identificado como La Familia Michoacana, irrumpieran en la población, enclavada en el municipio Coyuca de Catalán, Guerrero, y asesinaran a balazos a siete personas —entre ellas un niño de 11 años—, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía estatal solo se pasean por las calles del pueblo, acusa.

“Los hombres armados (agresores) están a cinco kilómetros de nuestro pueblo y los soldados y policías no van por ellos para detenerlos”, lamenta.

La comisaria cuenta que el pasado martes, alrededor de las 14:00 horas, una persona del pueblo recibió una llamada telefónica de uno de los líderes del grupo armado, quien le advirtió que iban a entrar y los iban a acabar a todos.

Asegura que los integrantes de esa agrupación criminal están escondidos en las comunidades vecinas El Pescado y San Antonio de las Tejas.

En El Pescado, una comunidad que pertenece al ejido Guajes de Ayala, los delincuentes son protegidos por los habitantes y autoridades porque tienen complicidad.

En San Antonio de las Tejas, perteneciente a otro ejido, la gente se está saliendo de la comunidad por la presencia del grupo armado.

El pasado lunes, los habitantes de El Durazno recibieron la visita del director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y de la fiscal estatal, Sandra Luz Valdovinos.

Desde el domingo pasado, más de 24 horas después de la masacre, llegó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el capitán de Marina Evelio Méndez Gómez, junto con elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía estatal.

“¿De qué sirve que haya llegado mucha seguridad si no van a buscar a los delincuentes y detenerlos?”, acusa la comisaria.

Rosas García menciona que hasta el momento las Fuerzas Armadas siguen sin poder localizar al ganadero Cecilio Chávez González, quien fue retenido por el grupo de sicarios que atacó El Durazno el pasado sábado.

“Ese grupo armado ya nos mandó decir que a don Cecilio ya no lo busquemos y eso nos da a entender que ya lo asesinaron”, lamenta.

La comisaria dice que tras la visita de la fiscal Valdovinos a El Durazno se quedó un agente del Ministerio Público para recibir las denuncias de familiares de las siete personas masacradas.

“Nosotros le dijimos a la fiscal que de qué sirve que se reciban las denuncias si nunca hacen nada, porque llevamos cuatro años haciendo muchas acusaciones contra esos delincuentes, que han asesinado y secuestrado a muchos de nuestra gente, y nunca han hecho nada”, cuenta Rosas García.

Los habitantes de El Durazno tuvieron ayer una primera reunión para analizar la situación de violencia.

“La gente tiene mucho miedo y hay voces a favor de que nos salgamos del pueblo, pero otros dicen que hay que quedarse y seguir exigiendo al gobierno que nos defienda y nos garantice que no nos hará daño la delincuencia”, expresa.

A cuatro días de la masacre, la gente prácticamente sigue encerrada en sus casas y solo de vez en cuando sale a las calles para realizar sus compras.

“Los hombres no pueden ir al campo a trabajar porque corren peligro de que el grupo armado los asesine”, dice Rosas García.

Jesús Guerrero I Agencia Reforma