El militar que encabeza la Aduana de Tijuana urgió en julio pasado a implementar un sistema para controlar el acceso de vehículos desde Estados Unidos al país, pues “mafias” los siguen internando de manera masiva.

Lo anterior, en el contexto de regularización de autos chocolates impulsada desde 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por Tijuana ingresan diariamente unos 65 mil vehículos por sus dos garitas (50 mil por El Chaparral y 15 mil por Otay), no existiendo la posibilidad de revisar su situación mediante inspecciones con personal de la Aduana, requiriendo apoyo tecnológico para realizarlo de manera eficiente, tecnología que si bien existe parcialmente, en la realidad no coadyuva en identificar la situación legal de estos vehículos y personas, ya que no están conectados a una base de datos vehicular ni delictiva”, afirmó el teniente coronel retirado Fernando Martínez, administrador de la Aduana de Tijuana, en uno de los correos de la Sedena
hackeados por Guacamaya.

“Si bien el decreto emitido por el titular del Poder Ejecutivo, para registrar los vehículos llamados chocolate en territorio nacional traerá beneficios a un sector específico de la ciudadanía y permitirá el control de aquellos que se empadronen, no es la solución en un cien por ciento a la problemática, ya que literalmente se debe cerrar la llave de entrada a nuestro país. Los chocolate continúan ingresando respaldados en lo que la misma ley les permite: ser conducidos por un residente norteamericano”.

La actual administración empezó a regularizar autos chocolate en octubre de 2021, con un cobro de 2 mil 500 pesos, mediante un decreto presidencial que se ha ido expandiendo tanto en su vigencia, como en los estados que abarca.

Entre marzo y septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) presumió haber regularizado 557 mil vehículos en 13 estados, 124 mil de ellos en BC, con una recaudación total de mil 394 millones de pesos que, en teoría, están destinados a tapar baches.

Martínez destacó que el 90 por ciento de estos autos son usados para delitos, porque son prácticamente desechables, y que sólo en Baja California circulan unos 800 mil de ellos.
El teniente coronel advirtió sobre las consecuencias negativas de esta práctica.

“Repercute negativamente en lo económico, al competir con la industria automovilística legal; en lo ecológico, al carecer de regulaciones ambientales para estos automotores; en la seguridad, ya que muchos son empleados como instrumento para cometer actos delictivos; en lo recaudatorio, al no pagar al estado los impuestos derivados”, afirmó.

Martínez propuso adoptar un sistema integral para evitar delitos transfronterizos, una aplicación en la que tendrían que registrarse los estadunidenses que ingresen en un vehículo a México.

Staff I Agencia Reforma